El reporte de Global Witness señala que, en un contexto en que la demanda de recursos naturales y las disputas por ellos van ambas en aumento, la violencia alrededor de actividades extractivas en el Perú va en aumento. Más del 93% de proyectos extractivos se realiza en tierras ya habitadas y generan conflictos con las poblaciones locales. Según Global Witness, el perú es el cuarto país más mortal para los defensores de los derechos ambientales y la propiedad comunal de la tierra, por detrás únicamente de Brasil, Honduras y Filipinas. Entre 2002 y 2014, al menos 57 activistas fueron asesinados en Perú (más de la mitad, en los últimos cuatro años).

Fuente: Global Witness

De estos asesinatos, además, la enorme mayoría son cometidos por fuerzas policiales, el ejército y civiles en cumplimiento de actividades de seguridad privada asociadas a las industrias extractivas. 

Fuente: Global Witness

Para Global Witness, la defensa de los derechos sobre la tierra de los grupos locales, incluyendo las comunidades indígenas, es "una de las formas más eficaces de frenar la deforestación" (tema central en la agenda ambientalista y en la COP 20). Y sin embargo en el Perú, un país cuyos bosques tropicales están habitados por más de 300,000 indígenas, estos derechos no reciben la protección requerida. En la actualidad, dice el reporte, hay reclamos sobre más de 20 millones de hectáreas de tierras indígenas en la Amazonía que siguen pendientes de resolución por el ejecutivo. Todo esto "aunque Perú ha adoptado compromisos para proteger su bosque manifestando su intención de reducir la deforestación neta a cero antes de 2021" y firmado acuerdos que no está cumpliendo.

El lanzamiento del reporte de Global Witness hoy se da en el marco de la entrega del Premio Anual al Activismo Ambiental que entrega la Fundación Alexander Soros. Este año, el Premio ha recaído en los cuatro dirigentes asháninkas asesinados en Madre de Dios por madereros ilegales:  Leoncio Quincima Melendez, Jorge Rios Perez, Francisco Pineda y Edwin Chota Valera. Lo recogerá Diana Ríos, hija de Jorge, e incluye la promesa de fondos para desarrollo sostenible en la comunidad de Saweto, a la que los activistas pertenecían.

El reporte de Global Witness recoge el asesinato de los cuatro líderes como uno de sus estudios de caso, índice del aumento de la violencia ambiental y los conflictos por recursos en el Perú. 

El segundo estudio de caso de Global Witness, en un acápite titulado "Vidas perdidas en la minería", es el de la mina Río Blanco, en Piura, propiedad de Monterrico Metals. En este caso, el reporte describe las muertes de Herrera Racho y Melanio García, opositores al proyecto que cayeron abaleados en enfrentamientos con la policía. 

"Estas muertes son un sombrío reflejo de los problemas que acucian al sector forestal y de la minería de Perú, cuestionando el nivel de compromiso del gobierno con los derechos humanos internacionales y el medio ambiente antes de la convención de diciembre y exigiendo atención a los esfuerzos por abordar estos problemas una vez finalizada dicha convención", dice el reporte.

El reporte de Global Witness es claro también en señalar que el nuevo marco legal en el que operan las concesiones extractivas y las fuerzas policiales o militares en el Perú cuando se trata de encarar protestas ambientales o por la tierra, es pernicioso y debe ser cambiado. 

La aprobación de la ley 30230 por el Congreso en julio de 2014, dice Global Witness, "amplía los derechos de uso de la tierra de los inversores para la expansión de la agricultura a gran escala, la minería, la tala y proyectos de infraestructuras".

Por otra parte, la ley 30151 contribuye a criminalizar la protesta y da carta blanca a la policía y las fuerzas armadas para el uso de violencia letal en el contexto de conflictos sociales, y debe ser revocada. Sobre todo si se tiene en cuenta que  estos conflictos sólo van a aumentar, y ya están generando muertes y violencia. De acuerdo con las investigaciones de Global Witness, 80 por ciento de todos los asesinatos de activistas ambientales y de la tierra en Perú entre 2002 y 2013 se derivaron de la oposición local a proyectos extractivos.

Por otro lado, Global Witness observa que existen problemas endémicos en el Perú que dificultan la protección de los derechos ambientales, y pide al gobierno que los enfrente (de hecho, pide a la comunidad internacional reunida en la COP 20 que lo demande). Entre estos problemas están el descontrol de la tala ilegal (cuyo valor es 1.5 veces mayor que el de las exportaciones legales), la corrupción y la no aplicación de las leyes.

Pero quizá más importante, nota el reporte, son las amenazas a la protección forestal por parte de proyectos de infraestructuras y minería, que "se derivan de unos procesos de toma de decisiones con tendencia al secretismo y la falta absoluta de consulta con las comunidades afectadas".

"Los recientes movimientos por parte del gobierno de Perú para debilitar la legislación ambiental y de derechos sobre la tierra han hecho que el peligro para los activistas vaya en aumento", observa Global Witness. "A menos que se haga más para abordar los factores subyacentes que desembocaron en la muerte de Chota y la impunidad de quienes están detrás de este asesinato, los líderes ambientales como él seguirán estando en peligro". 

Global Witness hace un número de recomendaciones específicas al gobierno peruano para paliar esta situación y mejorar su defensa de los derechos ambientales y humanos, un campo en el que el país sale trágicamente reprobado. Son estas:

• Implementar y respetar todas las disposiciones recogidas por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas,16 la resolución de la Organización de los Estados Americanos sobre los Defensores de los Derechos Humanos y las leyes nacionales relevantes para proteger a los defensores de los derechos humanos y el medio ambiente como Edwin Chota, y exigir justicia a quienes lleven a cabo actos violentos y de intimidación. 

• Revocar la ley 30151, que debilita la protección de los manifestantes pacíficos ampliando la inmunidad de las agencias de seguridad de Perú para hacer uso de la fuerza en determinadas situaciones.

• Procesar las reclamaciones sobre tierras indígenas, que cubren más de 20 millones de hectáreas de bosques, y reconocer los derechos de las comunidades indígenas de Perú tal y como contempla la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

• Mejorar los esfuerzos coordinados de aplicación de las leyes para hacer frente a la tala ilegal en el sector forestal, asignando más recursos a la Comisión Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal (CMLTI) y a las fiscalías regionales para el medio ambiente.

• Investigar los vínculos entre funcionarios públicos presuntamente corruptos y madereros ilegales en Ucayali, y emprender acciones legales cuando se identifiquen casos de corrupción.

• Revocar la ley 30230, que socava los procesos y la autoridad de las instituciones de protección ambiental de Perú y prioriza las inversiones en el sector agrícola y de la extracción por encima de las reclamaciones indígenas pendientes sobre la tierra, así como fortalecer y asignar los recursos necesarios al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), organismo encargado de mejorar el marco del sistema de las evaluaciones del impacto ambiental en Perú.

Finalmente, el reporte pide al gobierno peruano y a la sociedad que no se desaproveche la oportunidad presentada por la COP 20 para empezar a remediar esta situación. "Perú debe aprovechar esta oportunidad: tanto el gobierno como sus políticas serán el centro de la atención internacional en diciembre y el país no debe regresar a las sombras una vez se apaguen las luces".

Y para ello, la estrategia es clara. "Si el país pretende convertirse en un líder mundial contra el cambio climático", dice el reporte, "debería empezar por proteger a los defensores ambientales, sus mejores aliados para alcanzar este objetivo". 

El reporte completo se puede descargar en PDF siguiendo este enlace. 

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