El 12 de setiembre de 1992, la "guerra" senderista contra el Perú, iniciada el 17 de mayo de 1980, acabo con la captura de Abimael Guzmán. Desde ese día, el terrorismo senderista (incluido el del MRTA) dejo de ser una amenaza a la seguridad y gobernabilidad nacional. Fue derrotado globalmente. Los estertores de esa "guerra" llego hasta el mes de julio de 1999. Desde ese mes, no hay violencia política o acciones terroristas en el Perú.

De la violencia política a la narcoguerra. El inicio. 

Sin embargo, luego de doce años de la derrota de los dos movimientos terroristas en el país y sin que hayamos procesado las controvertidas secuelas de la violencia política que vivimos en los 80 y parte de los 90, ocurrió un singular hecho en el Alto Huallaga: el 12 de abril de 2004, una columna armada de "Artemio" intento emboscar y quemar tres helicópteros que apoyaban la erradicación forzosa de la coca en Santa Rosa de Mishollo, Tocache.

Ahora, si bien no lograron su objetivo, el intento de destruir tres helicópteros en el sector de Alto Huamuco no solo hubiera sido la acción armada más importante de la nueva etapa de violencia antidrogas y de la violencia anterior, sino que marcó el inicio de una nueva guerra. ¿Qué guerra? De una "guerra" de defensa armada de los cultivos de coca, las pozas de maceración, el tráfico de la pasta y la cocaína; no una “guerra” por el poder político.

Así, las huestes de Artemio, sin proponérselo, fueron los “iniciadores” de la narcoguerra en el país. El conato de destruir tres helicópteros de Alto Huamuco fue el hecho simbólico del inicio de esta nueva guerra en el Alto Huallaga. Los diversos ataques y/o emboscadas ulteriores a los policías y los erradicadores de la coca en diversas zonas de esta enorme cuenca, no fueron ni más ni menos que otras manifestaciones de este nuevo conflicto. Es una “guerra” que empezó como las demás: sin que nadie se dé cuenta ni lo aceptara.

¿Por qué? Por una sencilla razón: la mayoría creyó que el reinicio –el mes de junio del año 2004- del accionar armado del llamado “Comité Regional del Huallaga”, liderado por “Artemio” era la continuación de la violencia iniciada por SL en mayo de 1980. Muy pocos comprendimos que “Artemio” (re)inicia su accionar armado no tanto para lograr una “solución política negociada” sino porque esa organización se había convertido en una firma del narcotráfico.

Por eso, las emboscadas a unidades policiales perpetradas por sus huestes era para diezmar el control de los insumos químicos, el tráfico de drogas y el contrabando de combustible. Y, los ataques a los erradicadores y los policías que les daban seguridad, era para defender los cultivos para la elaboración de drogas y las pozas de maceración. En suma, era una firma de la droga que utilizaba su experiencia de guerra para mantener el "establishment" del narcotráfico.

La narcoguerra en el VRAE: De las emboscadas a policías a los militares. 

Luego de más de un año y medio después, el 5 de diciembre del año 2005, la narcoguerra se desencadeno en el Valle del Río Apurimac y Ene (VRAE): una columna del clan Quispe Palomino, constituido por ex senderistas que se autonomizaron de la corriente de “Feliciano”, embosco a un convoy antidrogas, procedente de la base de Palmapampa, dejando como saldo 5 policías muertos. Y, el 16 de diciembre de 2006, emboscaron a dos unidades policiales cerca Machente, dejando como saldo 5 policías y tres civiles muertos.

Así, empezó la narcoguerra en el VRAE. Y, al igual que en el Alto Huallaga, fueron las huestes del clan Quispe Palomino quienes la iniciaron. El año 2007, los ataques a la policía se intensifico, pese a las débiles acciones de control antidrogas que esta realizaba en el VRAE. Los costos: fueron emboscados 8 unidades policiales, una comisaria y muerto un policía en una caseta de control de una mina.

El objetivo de los ataques de la organización de Víctor Quispe Palomino, alias José, era golpear y debilitar los controles antidrogas. Así, de simple. Es decir, las unidades policiales que controlaban los insumos y el tráfico drogas. Y, de “taquito”, controlaban las rutas de la droga y se convertía en una fuente de ingresos: las firmas que movían sus cargas de droga tenían que pagar por kilo. Ese era el nuevo sentido de los ataques a la policía.

Era, contra el sentido común de muchos analistas, para controlar las rutas del tráfico de la droga que transportaban los “mochileros”, traqueteros o “cargachos”. Algo más a tener en cuenta: desde diciembre del 2005 hasta marzo del 2008, las emboscadas y/o ataques fueron exclusivamente a unidades policiales. Todas esas acciones apuntaron contra el control antinarcóticos que realizaban las unidades policiales; contra la lucha contra el narcotráfico. No tenían nada que ver con lógica del accionar de SL de los 80 y parte de los 90.

Al año siguiente, el mes de junio de 2008, los ataques cambio de objetivo: sin dejar de atacar a policías pasaron a emboscar patrullas y bases militares. Esto se debió (re)ingreso de las FFAA al VRAE, con la creación del Comando Especial de las FFAA del VRAE. Pese al ingreso de las FFAA, entre fines de octubre de 2008 hasta setiembre del 2012, las emboscadas a patrullas militares fueron sistemáticas. Esa situación llevo a muchos a sostener que en el VRAE había un escenario de guerra.

Una estrategia equivocada: enfrentando fantasmas, no al narcotráfico. 

Ahora, si bien aceptaban que había un escenario de guerra, no aceptaban que era una narcoguerra, es decir enfrentamientos armados contra las acciones antidrogas que realizaba la policía y, algunas veces, las FFAA. Aceptaban que se trataba de un escenario de guerra contra el “terrorismo”, “senderismo”, “narcoterrorismo” o el “remanente senderista”. Hasta ahora, no consideran una declaración de guerra de una firma, el clan Quispe Palomino, contra lo que había de políticas antidrogas.

Por eso, desde su concepción y ejecución de la estrategia militar antiterrorista fue –y es- equivocada. No corresponde al problema principal del VRAE: el narcotráfico. Los resultados de esa estrategia son claros: dieciocho (18) bajas el 2008, veintitrés (23) bajas el 2009, el mayor número de bajas que ha sufrido las FFAA, y los años 2010, 2011 con diez (10) bajas respectivamente. ¿Por qué, hasta fines de 2012, no había resultados? Porque la estrategia militar antisubversiva -aunque ha realizado acciones de interdicción- no combate al narcotráfico.

Al no combatir principalmente al narcotrafico, porque se considera como el principal enemigo al "narcoterrorismo", "terrorismo" o senderismo inexistente, se establece una relación de coexistencia o "convivencia" con el narcotrafico. Eso no implica negar que -de vez en cuando- los militares han colaborado y realizado acciones propias y mixtas con la policía de destrucción de pozas de maceración, de pistas de aterrizaje, intervención de narcoavionetas. Eso esta fuera de toda duda. Lo que queremos destacar es que las FFAA mantienen una relación de coexistencia con los narcotraficantes que ha llevado, incluso, a que muchos militares han cobrado cupos a los narcos por vuelos. 

En las actuales circunstancias, cuando el enemigo principal es el narcotrafico, no se puede aplicar la "concepción Arciniegas", que fue valida para fines de los 80 y 90. Visto así, si los ex terroristas o senderistas son, hoy en día, narcotraficantes articulados en la organización del clan Quispe Palomino y la estrategia militar no combate a los narcotraficantes, entonces la estrategia militar estaba (y sigue) peleando con fantasmas (los terroristas). Eso explica las confusiones que han tenido: cuando capturan a “mochileros” o asaltantes, los presentan como “narcoterroristas” o “delincuentes terroristas”.  

Eso, también, explica la realización de parte de los militares de "acciones cívicas", actividades que realizaban en los años 80 y 90 cuando el Estado no tenia presencia en el VRAE. ¿Creen que con la re-edición de esas "acciones cívicas" se va ha derrotar al narco-clan Quispe Palomino o al narcotrafico? De ninguna manera. Se esta aplicando una estrategia que ha militarizado el VRAE sin resultados. 

La extensión de la narcoguerra. La "mexicanización" del narcotrafico. 

El año 2008, la narcoguerra se extendió a tres regiones más: Piura, Loreto y Puno. En Puno, el 17 de abril, hubo un enfrentamiento entre policías antidrogas con los narcotraficantes de una avioneta boliviana en plena pista, que iba a cargar 250 kilos de clorhidrato de cocaína. Producto del intercambio de disparos, murió el piloto y fue detenido el copiloto. En este caso, por primera vez, aparecen elementos de “mexicanización”.

En Piura, el inicio de la narcoguerra fue diferente: el 6 de agosto, en caserío El Molino, Ayabaca, Piura, se produjo un enfrentamiento de tres horas entre narcotraficantes y policías por un laboratorio de refinamiento de cocaína. Los narcos, con armas largas, se enfrentaron a los policías para defender el laboratorio. Era la primera vez que los narcos dan combate abierto hasta que a los policías se les acabaron las municiones. No dejaron ni un gramo de cocaína. Aquí empieza el proceso de “mexicanización” del narcotráfico.

En Loreto, el mes de octubre, tras asesinar a su jefe el “Gallero” (un narco colombiano) el mes de abril, Jair Ardela decidió controlar el tráfico de drogas en el Bajo Amazonas. En ese afán, el 24 de octubre, se produjo un enfrentamiento con la policía federal de Brasil en el rio Yavarí. Jair Ardela resulto herido. Con un certificado médico que decía que había sido herido en un accidente automovilístico, fletearon una avioneta de la FAP, por 8 mil soles, y fue internado en una clínica privada de Iquitos. Ahí lo capturaron.

Menos de un año después, el 19 de setiembre de 2009, luego de ser liberado por un fallo del Tribunal Constitucional, Jair Ardela volvió al Bajo Amazonas y organizo un grupo armado de sicarios compuesto por 25 a 30 hombres bien armados. Hasta antes de su captura, el mes de marzo de 2010, asesinó 17 campesinos, varios de ellos murieron en dos narcomasacres. Fue la zona de mayor homicidio narco en ese año. Y, en lo que va de este año ha habido dos ataques de los narcotraficantes contra la policía.

Globalizando: por las evidencias descritas sumariamente, la narcoguerra que tuvo como escenario inicial el Alto Huallaga y, después, el VRAE o VRAEM (que comprende parte de la región Ayacucho, Junín y Cusco) y el Alto Huallaga (que comprende parte de Huánuco y Tocache), el año 2008 se expandió a tres nuevas regiones (Puno, Piura y Loreto). En total, hasta ese año, la narcoguerra cubrió áreas de 8 regiones del país.

Sin embargo, la narcoguerra no se redujo a esas regiones. En efecto, el año 2010 ocurrieron varios enfrentamientos entre narcotraficantes y la policía en Andahuaylas, Monobamba (Jauja), Pichis-Palcazu, Aguaytia (Ucayali), Tacna y Madre de Dios. En estos enfrentamientos fueron los narcotraficantes quienes empezaron a disparar abierta y desembozadamente a los policías. Pero, eso es importante decirlo, los narcotraficantes llevaron la peor parte. Aquí incluimos, los enfrentamientos en las pistas clandestinas.

Estamos, pues, viviendo una narcoguerra desencadenada por los propios narcotraficantes en defensa de la coca, las pozas de maceración de PBC y el control de las rutas de droga. Es una narcoguerra que se ha “mexicanizado”, es decir que los narcotraficantes no solo se enfrentan a balazos con la policía sino, incluso, emboscan a los policías. Es nuevo conflicto armado cuya naturaleza es radicalmente distinta a la “guerra” senderista: no apunta a conquistar el poder político sino a la defensa armada del tráfico de la cocaína.