Los plazos se agotan y las propuestas no convencen. La Comisión de Alto Nivel designada por el Ejecutivo se reunió con representantes de las comunidades de las cuencas Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón para concretar acuerdos y propuestas, como parte de la Comisión Multisectorial creada en el 2012.  

Las comunidades indígenas enfrentan con desconfianza este proceso tras la falta de actuación del Estado durante 43 años de explotación petrolera, la misma que ha ocasionado contaminación del agua y la tierra de estas poblaciones. Así lo documentan diversos informes estatales realizados por Osinergmin, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) o la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) que alertan de la presencia de metales pesados como el bario o el plomo, y de hidrocarburos totales de petróleo en altas concentraciones.

Sin embargo, se muestran firmes en sus reclamos. “No queremos que ratifiquen contratos sin consulta previa y sin cumplir las cinco demandas que tenemos”, declara Aurelio Chino Dahua, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP). Es por ello que el líder indígena no firmó el Acta de Acuerdos (los dirigentes de las otras cuencas sí lo hicieron) pues señalaba que “las partes están de acuerdo en encontrar una solución que asegure la continuidad de la operación petrolera, bajo el criterio de protección ambiental”. No obstante, el diálogo con el Ejecutivo continúa abierto.

Pese a las declaraciones del ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, en las que remarca que las comunidades verán respetados todos sus derechos, existen temas pendientes que ponen en duda esta afirmación.

Titulación ‘regresiva’

El Ejecutivo planteó titular sólo aquellas tierras con aptitud agropecuaria, pero no aquellas que tienen aptitud forestal. “Si el 95% del territorio amazónico tiene aptitud forestal, la propuesta del Gobierno significa no reconocer derecho de propiedad, sino sólo contratos de cesión de uso de suelos forestales, que desconocen derecho de propiedad”, afirma Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), que estuvo presente en la reunión.

Asimismo, el Gobierno sostuvo en la reunión que no tocará las servidumbres petroleras gratuitas dadas por el Ejecutivo en favor de la empresa. Sin embargo, según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los pueblos tienen derecho de propiedad sobre los territorios que han usado ancestralmente, lo que equivale a un título de propiedad. “Como no reconoce que esos son territorios son los de los pueblos indígenas, y cree erróneamente que es del Estado, dispone de ello”. Así, tampoco el Ejecutivo reconoce el pago de servidumbres petroleras en favor de las comunidades nativas.

Ruiz afirma que si se analiza las propuestas ofrecidas por el Ejecutivo en el ámbito de titulación, “no hay nada nuevo, hay una actitud regresiva. Hay que exigir judicialmente la titulación de tierras, y eso pasa por interponer una demanda de amparo contra el Gobierno Regional de Loreto, y en favor de las cuatro cuencas, para que titule el territorio”.

Remediación a cargo de Pluspetrol

Respecto a la remediación de pasivos ambientales, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha identificado hasta 92 pasivos ambientales, los que, según este organismo deben que ser remediados por la empresa Pluspetrol. Sin embargo, esta propuesta ha sido acogida con recelo entre las comunidades. “¿Cómo vamos a confiar si esa empresa nos está matando?”, se cuestiona el presidente de Fediquep, Aurelio Chino.

Una desconfianza que compartía el Grupo de Trabajo de la Comisión de Pueblos del Congreso de la República que publicó en su informe: “La licitación del Lote 1-AB hace surgir preocupaciones, porque se teme que Pluspetrol Norte S. A., al igual que Oxy en 1996 y 2002, vaya dejando pasivos no remediados propios, pero también los que correspondían a las actividades de la Occidental Petroleum, creando así un círculo vicioso”. Además, no hay que olvidar que Pluspetrol cuenta con un largo expediente de sanciones impuestas por el Organismo Supervisor en Energía y Minería (Osinergmin).

Contra reloj

Este caso es emblemático pues fue el primer lote donde el Ejecutivo anunció que celebraría la consulta previa en agosto de 2012, por ser un caso complejo con pasivos ambientales que afectan a las comunidades indígenas desde hace más de cuarenta años, y porque de este lote se extrae el 11,7% del crudo nacional. Todavía no se ha iniciado el proceso de licitación del lote, y el contrato de Pluspetrol vence en agosto de este año, y para esa fecha ya debería haberse celebrado la consulta. Tal es así, que una fuente cercana del gobierno afirmaba que el caso está en una fase crítica, pues el período que dura el proceso (convocatoria de consulta previa, organización del proceso de licitación y convenios que debe establecer el ganador de la licitación además de formalización de contratos) está calculado entre 20 a 25 meses, cuando la concesión vence en siete meses.