El pasado miércoles 18 de Febrero, miles nos movilizamos por las calles de Lima exigiendo la derogatoria del Decreto Supremo 013-2014-TR, dictado por el actual Gobierno en noviembre del año pasado, y el archivamiento del Proyecto de Ley N° 4008, pendiente de aprobación en el Congreso. 

Es claro: el D.S. 013-2014-TR y el Proyecto de Ley 4008 promueven los despidos

El D.S. 013-2014-TR permite que las empresas despidan a sus trabajadores en caso de que tengan pérdidas operativas por 3 trimestres consecutivos o prevean tener pérdidas de mantener la continuidad laboral de todos los trabajadores. Convertir las pérdidas de la empresa en una causa legal de despido equivale a mantener las ganancias aun a costa de los derechos laborales. Así como muchas empresas alteran sus estados financieros para no pagar utilidades, ahora podrán hacerlo para despedir masivamente a los trabajadores.

Por su parte, el PL 4008 reduce de 10% a 5% el tope mínimo de trabajadores que pueden ser despedidos por dicha causal, a la vez que simplifica el procedimiento que las empresas deben seguir para su aplicación.

¿Si una empresa puede morir, no está en su derecho de despedir trabajadores?

Una empresa lo tiene si mantenerlos afecta su supervivencia en el mercado. Precisamente, por eso hay un mínimo de 10%: si tienes problemas, despide esa cantidad o más; pero despedir menos podría deberse a intereses ocultos que van más allá de la supervivencia.

El D.S. 013-2014-TR y el Proyecto de Ley 4008 son una oportunidad perfecta para barrer la ya debilitada libertad sindical. Las empresas aprovecharán ambas medidas para deshacerse más rápido de los dirigentes y afiliados a un sindicato, así como también para despedir a todo trabajador que quiera organizarse para la defensa colectiva de sus derechos.Precisamente, estos son pocos y por eso, la reducción de ese 10% al 5% es peligroso para la libertad sindical y beneficioso para las empresas que no quieren que los trabajadores se defiendan.

¿Mejorar o debilitar las inspecciones laborales?

El Proyecto de Ley 4008 modifica la organización de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (organismo responsable de supervisar el cumplimiento de las normas laborales), incorporado dentro de su Consejo Directivo a un representante del Ministerio de Economía y a un representante del Ministerio de la Producción, los principales promotores, desde el gobierno, de la llamada “Ley Pulpín”. Con ello, se busca garantizar que la inspección laboral no afecte los intereses de las empresas.

Bonos por desempeño: “elevar la productividad” a costa de los beneficios sociales

El Proyecto de Ley 4008 establece que las empresas pueden otorgar un bono por desempeño (que puede ser de hasta un 20% de la remuneración anual). Sin embargo, dicha bonificación no tendrá naturaleza remunerativa, es decir, no forma parte del sueldo (aun cuando se paga en contraprestación por el trabajo realizado), lo que significa que no se considerará para el cálculo de la CTS y las gratificaciones. Es decir, las empresas pagarán por beneficios sociales una quinta (1/5) parte menos de lo que les corresponde pagar a los trabajadores por generarles ganancias.

Normas al gusto y medida de la gran empresa

Estas medidas forman parte de los "paquetes de reactivación económica" en el contexto de la desaceleración económica del país, soltados desde el Estado a partir del 2014. Sin embargo, al igual que la ya derogada Ley Laboral Juvenil (el cuarto paquete), el D.S. 013-2014-TR y el Proyecto de Ley N° 4008 no buscan “reactivar la economía nacional” para que esta repercuta en bienestar para los peruanos; por el contrario, buscan abaratar los costos laborales e incrementar las ganancias de las empresas.

De este modo, las medidas favorecen a los sectores más poderosos de nuestra economía, pero precismene aquellos que dan menor cantidad de trabajo a la población a nivel de todo el áís: las empresas multinacionales y las grandes empresas nacionales, asentadas sobre todo en las finanzas, minería, hidrocarburos, agroindustria, telecomunicaciones y servicios de alta calificación.

Estos “paquetes reactivadores” buscan imponer la agenda de los grandes empresarios, agremiados en la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrial, ADEX y la Cámara de Comercio de Lima: menos derechos laborales para nosotros, menor regulación ambiental para todos y menos impuestos para ellos.Y esto está probado, no es pura "paranoia" (ya se les encontró haciendo lobbys con el Estado).

Seguir organizados por nuestros derechos

En los años 90, el gobierno de Fujimori inició una reforma laboral que trajo consigo la proliferación de los contratos temporales, la facilitación del despido, el uso intensivo de las services y la tercerización, así como la restricción de la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga. Todo ello trajo como resultado un sistema de relaciones laborales marcado por la “precariedad” y la pérdida del poder de negociación de los trabajadores.

Bajo dicho sistema, la explotación del trabajo se ajusta a las necesidades de los empresarios (sobre todo cuando éstos quieren mantener sus altísimos niveles de ganancia en tiempos de crisis como si ellos fueran los más afectados). De allí que los diferentes gobiernos que se han sucedido tras la caída del fujimorato hayan optado por mantenerlo.

Ante esta situación, la única posibilidad de defender y recuperar los derechos laborales, es con un movimiento sindical fuerte, combativo, democrático, capaz de unirse con las demás organizaciones del campo popular que exigen cambios profundos en el país.

Solidaridad con los trabajadores de San Miguel Industrias PET

San Miguel Industrias PET es una de las cuatro principales productoras de envases PET (envases plásticos utilizados habitualmente para bebidas gaseosas y botellas de agua) de América Latina, con operaciones en varios países de la región. Es propiedad de Carlos Rodríguez Pastor, el segundo hombre más rico del Perú según la revista “Forbes”, y forma parte del grupo Intercorp Peru, conglomerado con operaciones en finanzas (Interbank), comercio minorista (Oechsle, Plaza Vea, Real Plaza, etc.), educación, seguros y demás.

Sin embargo, a pesar de sus exitosos negocios, SMI PET se muestra intransigente en la negociación colectiva, negándose a dar solución al Pliego presentado por el Sindicato desde hace 6 meses. Ante esta situación, los Trabajadores de San Miguel Industrias PET vienen acatando una huelga nacional indefinida desde el pasado lunes 16 de febrero exigiendo una solución a sus reclamos.

Desde EMANCIPACIÓN expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores de San Miguel Industrias PET e invocamos el apoyo de todos los actores comprometidos con la defensa de los derechos laborales.