Hasta antes del 20 de enero los cálculos más optimistas de las autoridades del Ministerio de Justicia eran que Martín Belaunde Lossio estaría en el Perú el 5 de marzo, o sea, hoy.
Pero el pedido de extradición por el caso La Centralita, que se tramitó a velocidad de rayo, malogró los planes de quienes apostaban por la expulsión del prófugo de la justicia.
Tan veloz fue el armado de cuadernillo que la jueza Mercedes Caballero obvió incluir algunas piezas documentales, y así lo advirtió la sala suprema que preside Javier Villa Stein, el día que rechazó la solicitud a Bolivia.
En realidad los “cerebros” del Ministerio de Justicia –en ese entonces, con Daniel Figallo a la cabeza– y de la Procuraduría Pública Anticorrupción –ya al mando de Joel Segura– apostaban por que la elaboración del cuaderno de extradición camine a paso de tortuga para ganar tiempo con el asunto de la expulsión.
El propio fiscal Marco Huamán, quien para entonces todavía seguía a cargo del caso, estaba de acuerdo con esa posición y en algún momento intentó demorar el envío de documentos. Pero no fue suficiente porque fue requerido enérgicamente por la jueza, “bajo apercibimiento”, así que no le quedó otro camino que hacerlo.
Y es que la alternativa de la expulsión sí es viable.
LEY BOLIVIANA LO CONTEMPLA
Para las autoridades peruanas la expulsión de Belaunde Lossio es posible por dos razones, principalmente: porque ingresó irregularmente a Bolivia, y porque nunca debió ingresar, pues tenía orden de captura. Ya se sabe que era por el caso La Centralita.
Como se recuerda, para la Fiscalía Belaunde forma parte de la cúpula de la organización criminal que dirigió César Álvarez y que asoló Áncash con corrupción y crímenes en los últimos siete años y que operaba desde la denominada Centralita. Desde que cayó Álvarez, Belaunde se dio a la fuga y un juez ordenó su ubicación y detención.
Entonces, desde ese punto de vista, la comitiva que visitó Bolivia a inicios de este año cifró sus esperanzas en ese detalle y en la Ley No 370 de Migración, rubricada por Evo Morales el 8 de mayo de 2013.
Según el artículo 26 de dicha norma, sobre Prohibición del ingreso a territorio boliviano, entre las causales de prohibición no pueden ingresar los extranjeros que: “… se encuentren perseguidos penalmente en el exterior y cuenten con mandamiento de captura o haber sido condenados en el país por delitos penales y previo cumplimiento de la pena, y conforme a lo establecido en los Acuerdos y Tratados Internacionales ratificados por el Estado”.
Es decir, Belaunde encajaría en la prohibición.
Además, está el artículo 37, sobre la salida obligatoria del país, que pertenece al Título VI, el mismo que dice en el numeral quinto: “Si la persona migrante extranjera se encontrase perseguida penalmente en el exterior con mandamiento de captura, la Dirección General de Migración remitirá a ésta a la autoridad competente”.
Por eso, en enero la comitiva que viajó a Bolivia por el caso Belaunde Lossio solicitó por esos días a la Dirección de Migraciones que dé inicio al proceso de expulsión del peruano. La respuesta de dicha institución habría sido que preferían esperar la resolución del proceso de refugio, y en ello habría influido la presencia de una integrante que Conare que integra, a su vez, la dirección migratoria.
“Lo conveniente hubiera sido que el cuaderno de extradición (del caso La Centralita) haya llegado a Bolivia cuando ya se hayan resuelto los dos procesos”, dijo una fuente con conocimiento del problema a Lamula.pe, en referencia a los trámites de expulsión y refugio.
INSISTIR CON LA EXTRADICIÓN
Claro que, además de la expulsión, existe la alternativa del nuevo cuaderno de extradición por el delito de lavado de activos que se derivó del caso La Centralita, que trabajó también el fiscal Marco Huamán y que imputa a Belaunde Lossio participación en la adquisición de equipamiento diverso para montar las oficinas desde donde operó La Centralita, en Chimbote.
“Los equipos los adquirió César Álvarez con fondos del gobierno regional (de Áncash), pero los ocultó y manejó para supuestas actividades de prensa el señor Martín Belaunde”, señaló a Lamula.pe una fuente del Ministerio Público.
Recuérdese que la extradición por el expediente de La Centralita fue rechazado por la Sala Suprema Penal que conduce Javier Villa Stein, pues indicó que la justicia boliviana no considera a un privado (como es el caso del exfinancista presidencial) como actor en el delito de peculado. Solo a los funcionarios públicos. Por eso, con este caso ya no hay mayor posibilidad.
Pero el delito de lavado de activos sí tiene una condena considerable en Bolivia y por ello fuentes de la Fiscalía opinan que esa sería una segunda buena alternativa.
Y tal vez porque aún existen alternativas es que el procurador Joel Segura haya dicho que Belaunde Lossio no va a quedar libre de ninguna manera. Esperemos que el gobierno peruano tenga reacción rápida.
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