El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es el encargado de la fiscalización ambiental en el país, su misión es armonizar el ejercicio de las actividades económicas y la protección del ambiente. En el marco de la promoción de las inversiones, el actual gobierno ha aprobado normas que debilitan los procedimientos ambientales y con ello la institucionalidad ambiental (DS N°060 y 054-2013-PCM y la Ley N°30230), siendo el OEFA uno de los más afectados, ya que con la Ley N°30230 se le impuso privilegiar acciones de prevención y medidas correctivas por 3 años, y solo multar la infracción en determinados casos. 

Actualmente, debido a la presión del gremio empresarial minero se pretende quitar al OEFA el Aporte por Regulación (APR), contribución que financia la fiscalización ambiental. Esto se realizaría a través de recursos administrativos ante INDECOPI y acciones en el Poder Judicial, a pesar de existir fallos de este último sobre la constitucionalidad del APR. Es decir, el futuro de la OEFA se juega el 14 de abril, durante la audiencia donde INDECOPI tomará una decisión al respecto.

Frente a un fallo negativo para la OEFA estarían en riesgo 730 supervisiones, 5 planes integrales de evaluación ambiental, 8 monitoreos participativos y 32 espacios de diálogo. Hay que recordar, que los compromisos asumidos por el Estado para resolver conflictos socio-ambientales se dan justamente en lo referido a fiscalización y monitoreo ambiental (casos de Espinar y cuatro cuencas en Loreto).

Por ello, es necesario fortalecer al OEFA para que realmente sea una institución que genere inversiones sostenibles. El reto del Perú como país mega diverso ambiental y socialmente es generar mecanismos idóneos para el seguimiento de inversiones en zonas altamente sensibles. 

Solo tendremos logros, cuando el OEFA y otras instituciones claves como SERNANP, ANA, SERFOR y DIGESA sean fortalecidas. Por lo pronto, se debe tener claro que una cosa es apoyar a la inversión privada y otra muy diferente es desbaratar a una institución que asegura el cumplimiento de los EIA y fiscaliza a empresas que contaminan. Si queremos ser un país de primer mundo y entrar a la OCDE, no se puede jugar con la institucionalidad ambiental.

Columna publicada en Diario UNO.