Los deudos de las víctimas de la matanza de Cayara (Víctor Fajardo) reclamaron justicia por la muerte de más de 30 personas, a manos de una patrulla militar, luego de que fueran acusadas de haber participado de un atentado terrorista contra un contingente del Ejército Peruano. Al cumplirse 27 años del hecho de sangre, ocurrido en 1988, los familiares también pidieron sanción a los responsables y que se revele el lugar donde se encuentran los cuerpos de los desaparecidos, para que puedan recuperarlos y darles cristina sepultura. 

Julio Ipurre Palomino recordó que el 14 de mayo de 1988, los miembros del Ejército ingresaron a Cayara y, tras torturar y dar muerte a su papá, su hermano, su madrastra y a su abuelo, desaparecieron sus cuerpos, los cuales no ha podido ubicar hasta el momento. Por ello, dijo que las instancias gubernamentales han abandonado a los afectados. “Yo tenía 24 años y me escapé de ser una víctima más, porque no asistí a la supuesta reunión a la que convocó la patrulla militar”, dijo Ipurre, quien observó el accionar de las instancias judiciales, por la demora en las investigaciones y en la sanción a los responsables de la muerte de los campesinos.

“En nosotros hay un resentimiento, porque no hay justicia por parte del Estado”, reveló María Palomino, cuyo padre también fue asesinado por los militares, cuando ella tenía apenas un año y siete meses de vida. Así, pues, quedó huérfana a tan corta edad, lo mismo que sus seis hermanos. “En Qachuaypampa, un grupo de militares juntaron a varios campesinos, entre ellos mi padre, a quienes torturaron y después mataron. Mi hermano, entonces de doce años, vio todo y hasta ahora está psicológicamente mal. Todos nos sentimos mal porque no sabemos dónde enterraron el cuerpo de mi padre”, dijo.

Por otro lado, Gloria Cano, representante de APRODEH, opinó que la localidad de Cayara merece un pedido de perdón, porque fue estigmatizado “como un pueblo de senderistas, y hasta la actualidad, señalan los acusados (la matanza) que allí hubo un combate, y eso también es faltar a la verdad”. Asimismo, Cano explicó que se está esperando la resolución de recusación de la Magistrada Mirtha Bendezú, quien es esposa del abogado Ricardo Chumbes, para poder retomar la audiencia oral en el caso judicial de Cayara. Y es que Chumbes está estrechamente vinculado al estudio Peláez Bardales, que ha defendido a Alan García Pérez.

Al conmemorarse los 27 años de la matanza de Cayara, la municipalidad distrital de dicha localidad declarará sitio de la memoria a la localidad de Qachuaypampa, donde se construirá un mausoleo en memoria de las víctimas. A la ceremonia, que se llevará a cabo, mañana, 14 de mayo, asistirán el viceministro de Justicia y Derechos Humanos y miembros de la Comisión Multisectorial para las Reparaciones (CMAN).

David Ccayo, alcalde del distrito de Cayara, se quejó de que su localidad no está siendo adecuadamente atendida, a pesar de la alta afectación sufrida en tiempos de la violencia. Del mismo modo, indicó que de las once comunidades inscritas en el Registro Único de Víctimas, sólo cinco han sido atendidas, “pero con reparaciones ínfimas, tomando en consideración el nivel de afectación sufrida”.