Servindi, 26 de mayo, 2015.- El supuesto ataque con dinamita a la Comisaría de Cocachacra, y que el gobierno tomó como pretexto para declarar el Estado de emergencia en la provincia de Islay, sería un acto premeditado de la propia policía según la versión de una pobladora que vio a los policías efectuando la detonación. Escuche su testimonio:

- Testimonio de pobladora testigo (Archivo mp3. Descargar con un clic en el enlace y elegir Guardar Como).

De ser cierta la versión, el montaje policial se sumaría al extraño incendio de un bus interprovincial sin pasajeros que fue fotografiado en llamas en un lugar descampado y sin testigos, pero que se atribuyó de manera inmediata a los protestantes.

Cabe recordar que un sicosocial que una vez develado colocó en situación de vergüenza a la fuerza pública fue la siembra de un “miguelito” u objeto punzocortante que colocó un efectivo de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) en la mano de un humilde agricultor para ser fotografiado al instante.

Felizmente, una cámara de vídeo registró toda la acción y permitió descubrir el operativo. La fotografía ya había sido difundida por los medios de prensa del Grupo El Comercio como una acción que graficaba la actitud violentista de los agricultores.

De otro lado, es importante anotar la actitud del ministro del Interior José Pérez Guadalupe quién se ha acostumbrado a negar de plano la responsabilidad policial en la muerte de los civiles.

Primero sostiene tajantemente que hayan muerto a causa de proyectiles. Cuando los resultados de la necropsia lo desmiente entonces afirma que los proyectiles corresponden a armas caseras y no a las de la policía.

Según la lógica del ministro los manifestantes se disparan y matan entre sí, sin que la policía tenga responsabilidad alguna.

Lo incoherente y contradictorio es que mientras las autoridades ejecutivas y policiales inicialmente negaban de plano que las fuerzas policiales emplean armas letales en las operaciones represivas, ahora justifican el uso de las mismas; pero cuando se produce un fallecido indican que no ha sido provocados por ellos.

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Demoliendo honras y sembrando evidencias

La campaña pretende demoler. Buscan dañar honras personales e institucionales (…) se dice que se ha desatado el terror en la zona; que salen por las calles con cánticos que anuncian que “van a beber sangre de policía”; que son terroristas anti mineros; que los organismos no gubernamentales son los culpables de todo; que reciben millones de dólares; que Marco Arana es Abimael Guzmán y cuantas cosas más. El cielo es el límite.