Dos abogados, un politólogo y un biólogo hablaron sobre Tía María. El pasado viernes 5 de junio se llevó a cabo el conversatorio "Tía María: conflicto entre inversión privada y medio ambiente" en la facultad de Estudios Generales Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Los ponentes fueron la abogada Cecilia Blume, el abogado Antonio Peña Jumpa, y el gerente de servicios técnicos de Southern Copper, el biólogo Carlos Aranda. El moderador fue Iván Lanegra, adjunto del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de Defensoría del Pueblo.

La fecha coincidió con el sexto aniversario del Baguazo, conflicto socioambiental que en junio del 2009 provocó la muerte de 33 personas y la desaparición de otra. En ese entonces, el gobierno de Alan García decidió usar la fuerza para reprimir una protesta de indígenas awajún y wampis. Desde el 9 de abril hasta el 5 de junio, ellos exigieron la derogatoria de los decretos legislativos para la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de América, los cuales violaban sus derechos como indígenas. Por ello, ellos exigían el cumplimiento de la consulta previa establecido en el Convenio 169. 

fotos: shia inguil doroteo / pucp

Tanto Cecilia Blume como Antonio Peña, recordaron estos trágicos sucesos y los señalaron como lecciones pendientes que el Estado y la sociedad peruanos aún deben aprender. Blume resaltó que los conflictos se deben principalmente a la falta de confianza que los gobiernos han transmitido a las poblaciones locales.

"Las comunidades no están siendo impactadas de manera positiva. El Estado debe tener claro su rol. Debe sacar la cara. El problema institucional es que el Gobierno es débil", señaló.

Peña señaló las semejanzas y diferencias entre el Baguazo y el conflicto por Tía María. En ambos casos, afirmó, hay una respuesta violenta del Estado para reprimir la protesta. Además, consideró que existe una falta de comprensión de derechos.

"Las dos protestas se pudieron evitar. Hubo represión, muertes. Es un desastre político, hay incapacidad del gobierno para manejar esta situación", afirmó.

"Todo es crecimiento económico, no nos dejan otra alternativa", agregó.

Por su parte, Carlos Aranda, en representación de Southern Copper, explicó que la pausa de 60 días que tomó la empresa es para repensar el proyecto. "Nosotros no estábamos convencidos de que la declaración de estado de emergencia fuera a funcionar. En esta pausa, quedan las puertas abiertas. El Gobierno también debería repensar", afirmó.

Según Aranda, el Perú es un país minero y que esta actividad extractiva es el motor hacia el futuro. Quiso convencer al auditorio de esto señalando que diversos artículos, como los anteojos o los relojes, son hechos con piezas que provienen de la minería. Además, se quejó de la actividad del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Iván Lanegra hizo un resumen de lo conversado. Señaló que la explicación a esta situación de conflictos socioambientales se debe a la diversidad del país. El Estado y la sociedad deben adaptarse a esta variedad, afirmó.

Además, señaló la importancia de este conflicto en la próxima campaña electoral. Quienes pretendan hacer política deberán dar a conocer su opinión sobre este proyecto minero.

Actualmente, la situación en el Valle de Tambo parece haberse calmado. Desde el 23 de marzo, la provincia de Islay (Arequipa) se encuentra en un paro indefinido en protesta contra el proyecto minero Tía María de Southern Copper. El 22 de mayo, el Gobierno declaró el estado de emergencia en la provincia de Islay, luego de la cuarta muerte en este conflicto. 


(Foto de portada: Shia Inguil / PUCP)

(Video: Gianmarco Castillo Agüero / LaMula.pe)


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