El acoso político es una problemática recientemente visibilizada en nuestro país, aunque no es nueva. Llamamos acoso a “los actos realizados por acción u omisión orientados a limitar, anular, atentar, restringir, contrarrestar o menoscabar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres”. 

Fue gracias al primer estudio realizado por RENAMA, Flora Tristán y Calandria el 2012 que se conoció su magnitud y características. Así pudimos afirmar que 2 de cada 5 mujeres que ocupaban cargos en los gobiernos regionales y locales venían sufriendo prácticas sistemáticas de acoso por parte de sus pares varones, con la única finalidad de anularlas o limitarlas en el ejercicio de sus derechos políticos.

A pesar de los avances normativos, los procesos de modernización del Estado y el discurso global favorable a la igualdad, asociado a la democratización de nuestras sociedades, lamentablemente las concepciones y prácticas machistas siguen arraigadas en la población. El acoso es una expresión más del sistema patriarcal que lleva a los varones a ejercer violencia y discriminar a las mujeres, a quienes consideran inferiores o incapaces para ejercer cargos políticos.

El acoso tiene grandes costos. Primero, vulnera diversos derechos humanos de las mujeres, y a muchas de ellas, las desalienta para continuar en el quehacer político, con lo cual se dificulta la renovación de liderazgos, así como el avance hacia la paridad en la participación en las instancias de gobierno y espacios de toma de decisiones, más aún si tomamos en cuenta que las mujeres autoridades en los gobiernos regionales y locales representan el 24.6% y en el congreso el 21.5% y que aún está pendiente la aprobación del proyecto de ley de alternancia.

Asimismo, al analizar las formas de acoso, observamos que aspectos sustantivos de una gestión pública ética y comprometida con el desarrollo humano también se ven afectados, ya que las mujeres autoridades no pueden ejercer adecuadamente sus funciones.

No acceden a información pública, ni ejercen adecuadamente su rol fiscalizador, lo que es indispensable para evitar o combatir la corrupción que tanto daño nos hace.

El no poder ejercer el rol normativo y ver entrampadas sus iniciativas hace que sus propuestas, generalmente asociadas a la lucha contra todo tipo de desigualdades en sus territorios, no sean colocadas en el centro de la gestión gubernamental o se posterguen, con lo cual se afectan los derechos de la población más vulnerable y/ o discriminada.

Las mujeres acosadas generalmente han sido de grupos políticos distintos a los de la gestión, o como referimos han planteado “temas incomodos” o han mostrado desacuerdo frente a decisiones arbitrarias o que consideraban nocivas para la población. La permisividad frente al acoso no ayuda a cambiar nociones que asocian la violencia al quehacer político y debilita la democracia como forma de gestión de lo público.

Las expresiones humillantes, violencia física, sexual, psicológica que afecta a las mujeres autoridades y en varios casos a sus familias, y el que estas situaciones no se sancionen adecuada y oportunamente no hace más que incrementar la naturalización de la violencia de género. Violencia que se suma a otras presentes en nuestra sociedad y que de no erradicarse, hacen inviable cualquier proyecto de país.

La RENAMA, el CMP Flora Tristán, Calandria, Manuela Ramos, organizaciones de mujeres, de derechos humanos y diversos colectivos de la sociedad civil estamos sumando esfuerzos para que el proyecto de ley 1903 “Ley contra el acoso político hacia las mujeres” se debata y apruebe en la presente legislatura.

Este proyecto fue presentado por primera vez el 2011 por iniciativa de RENAMA a la Mesa de Mujeres Parlamentarias, posteriormente se mejoró. La congresista Verónika Mendoza presentó la iniciativa que logró Dictamen por unanimidad de la Comisión de la Mujer y Familia en diciembre del año pasado. Está agendado para su debate en el pleno desde este 4 de marzo.

Su aplicación comprende a miles de mujeres autoridades de los niveles nacional, regional y local, dirigentes de las comunidades campesinas e indígenas, de organizaciones sociales, gremiales, sindicales, estudiantiles, juveniles, colegios profesionales, organizaciones políticas, candidatas. A todas ellas beneficiaría su aprobación.

Asimismo, aportará a los procesos electorales, ya que como señaló Suito, representante del Jurado Nacional de elecciones “el 25% de mujeres candidatas a los gobiernos regionales fueron acosadas en el último proceso electoral”.

El proyecto de ley plantea como sanción la pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a tres años, y también contempla la prevención de esta problemática, lo que contribuirá a una cultura ciudadana respetuosa de los derechos políticos de las mujeres.

Aprobar la ley será un paso importante para avanzar “hacia la igualdad en el ejercicio del poder, en los espacios de toma de decisiones, en las instancias de representación social y política”.

OTRAMIRADA