El caso Chavín de Huántar ha encendido el debate en torno a los derechos humanos y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Los críticos de estas organizaciones las acusan de defender a terroristas y de lucrar con ello. Sin embargo, esta afirmación no es precisa.

En el caso del exemerretista Eduardo Nicolás Cruz Sánchez alias "Tito", los ataques han apuntado hacia la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh). Sin embargo, esta organización viene trabajando más de 32 años en defensa de las víctimas del conflicto armado interno (1980-2000).

El presidente Ollanta Humala y el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, han criticado a Aprodeh y a Cejil, organizaciones que litigaron el caso, acusándolas de lucrar con ello y le pidieron que done el dinero que recibirá por costos y costas a las familiares de los militares abatidos en combate. Muchos periodistas y analistas repiten el discurso y se rasgan las vestiduras sin entender que toda persona tiene derecho a la defensa legal y que, de quienes estamos hablando es de los familiares, no del terrorista, que ya está muerto. En un debate con la periodista Patricia del Río y el congresista Mauricio Mulder, el excomisionado de la CVR, Carlos Tapia, aclaró el asunto cuando la comunicadora dijo que le irritaba el hecho de que existan quienes defienden a los familiares de terroristas. Tapia le recordó un dato importante:

"Hay 109 restos humanos del cuartel Los Cabitos que fueron asesinados por los militares. Y la ONG hace 32 años que está llevando el juicio".

Con ello, Tapia hace referencia al caso Los Cabitos en Ayacucho, el cual es uno de los más sangrientos del conflicto armado interno. El Informe Final de la CVR recomendó investigar y juzgar a los responsables del secuestro y asesinato de decenas de personas entre 1983 y 1990. Este lugar fue sede del Frente Político Militar de Ayacucho y sirvió como lugar de detenciones, tortura y asesinato. Aprodeh viene apoyando a los familiares de las víctimas desde el inicio. Para los que no conocían el caso, pueden ver este documental:

Las cosas claras. Quien le quiera negar el derecho a la defensa legal a los familiares, que lo diga así, que diga que ellos no tienen ese derecho. Así serán las cosas más claras. Pero mejor sería que tomen en cuenta no solo el aspecto incómodo para las ONG. Se defiende a las víctimas del conflicto armado interno, siempre a las víctimas, ya sean producto de ataques terroristas, o de militares y policías. El trabajo es por la memoria y la justicia.
Un personaje emblématico del caso Los Cabitos es "Mamá" Angélica Mendoza, presidenta honoraria de La Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecido del Perú (ANFASEP), quien inició la lucha en búsqueda de su hijo. Lo que se exige es sanción a los culpables.
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