Por Wilder Buleje*
Hace cuatro meses el zumbido de balas y la detonación de granadas contra la camioneta en la cual se desplazaba en San Miguel convirtieron a Gerald Oropeza López en figura pública de primer orden con titulares de carátula en los medios impresos y noticia del día durante poco más de treinta días en los informativos de los canales de televisión.
El ‘Tony Montana’ de San Juan de Lurigancho, sindicado como presunto cabecilla de una red de acopiadores de cocaína, amasó una fortuna que lo convirtió en sospechoso propietario de autos de lujo y bienes inmuebles por diversos sectores de Lima sin que ninguna entidad de control detectara alguna anomalía en sus ingresos y egresos.
Inclusive se dio mañana para adquirir con artificios legales una residencia en La Planicie que le pertenece al Estado. Ese inmueble fue entregado por el patriarca de los Crousillat como parte de la reparación civil que le impuso el Poder Judicial por recibir millonarias cifras en dólares a cambio de modificar la línea editorial de América Televisión en favor del gobierno de Fujimori.
La república mostró imágenes de la residencia de la planicie que ocupó gerald oropeza de manera irregular.
Ese fue, dicho sea de paso, el episodio que impidió que su caso se apague como tantos otros en este país de memoria frágil y moral elástica. El periodista Nicolás Lúcar creyó reconocer la dirección que Oropeza había consignado para la obtención de su DNI. A través de Punto Final dio la primicia que encendió el interés de la opinión pública por este caso: Oropeza vivía en la casa que el suegro de Lúcar había entregado al Estado sin haberla estrenado.
Se hicieron visibles también los nexos del Apra con los involucrados en este suceso policial. Fueron dos vías que llegaban al mismo destino. El gobernador aprista de La Molina, Ángel Vera Niño, facilitó el acceso a la residencia de La Planicie a Gerald Oropeza. El otro camino empezó con Miguel Facundo Chinguel, quien fue abogado de la familia Oropeza López. El abogado aprista fue también presidente de la comisión de gracias presidenciales durante el segundo gobierno de Alan García.
Ángel Vera Niño estuvo en la lista de regidores, con el número 34, de Carlos Rocca para las elecciones municipales de 2010, que luego fue retirada de la contienda. La decisión la adoptó la cúpula aprista por orden de Alan García. También Enrique Cornejo lo incluyó, cuatro años después, en su lista en la pasada contienda electoral por la alcaldía de Lima.
aprista enrique cornejo incluyó a ángel vera niño en lista de regidores para las elecciones municipales de 2014.
Tanto Vera Niño, Gerald Oropeza y su madre, fueron expulsados del Apra. Miguel Facundo Chinguel ya había sido retirado del padrón de Alfonso Ugarte hace un tiempo atrás. Se desconoce la suerte que correrá el exsecretario de la Presidencia de la República, Luis Nava, quien ha incurrido en serias contradicciones por sus vinculaciones con Facundo Chinguel y Américo Oropeza, el desaparecido papá de Gerald, quien en vida fue dirigente del Apra en San Juan de Lurigancho.
Miguel Facundo Chinguel. Foto El Comercio.
Según la experimentada procuradora Sonia Medina, como Gerald Oropeza hay cerca de mil casos. Esa cifra de espanto ha sido corroborada por el sociólogo Jaime Antezana uno de los expertos en temas de narcotráfico. Es decir, vivimos en un país de sujetos con oscuro poder económico y efectiva influencia política. Para decirlo en cristiano: tenemos una pistola en la sien.
Pese al alarmante dato ni la Policía Fiscal, ni la Unidad de Inteligencia Financiera, tampoco la Sunat y mucho menos la Policía Nacional del Perú han dicho esta boca es mía. Es la realidad y estas entidades que tienen como objetivo luchar contra el crimen de manera organizada y eficaz no han exhibido resultados tangibles.
A 120 días de los sucesos en San Miguel, en plena Semana Santa, no hay rastros de Gerald Oropeza. La Policía Nacional del Perú tiene un pasivo enorme en este caso. Al parecer, el ministro del Interior carece de interés en este caso y el director de la Policía Nacional del Perú ya tiró la toalla.
Para los otros 999 casos a los que se referían Sonia Medina y Jaime Antezana solo silencio y mentiras, como la que acaba de afirmar el presidente en su discurso de despedida en el Congreso de la República: “Los narcos ya no son un poder paralelo en el Vraem”. Sería un buen chiste si no se tratara de un asunto de vida o muerte para los peruanos.
- PATRICIA LOZADA EN OFECOD
La Oficina Ejecutiva de Control de Drogas (Ofecod) durante el periodo en el cual Gerald Oropeza se instaló en la mansión de La Planicie, estuvo a cargo de Patricia Lozada Valderrama, nuera de Jorge del Castillo, prominente dirigente y exsecretario general del Apra, además de Primer Ministro en el segundo gobierno de Alan García.
La resolución ministerial del nombramiento de la señora Lozada tiene fecha 2 de octubre de 2009 y fue firmada por Octavio Salazar Miranda, a la sazón ministro del Interior. El titular de la presidencia del Consejo de Ministros era Javier Velásquez Quesquén.
Ofecod era la entidad que debía velar por los bienes incautados en favor del Estado. Ahora esa tarea la realiza Conabi (Comisión Nacional de Bienes Incautados). ¿La señora Lozada conoció del caso? ¿No supo nada de este tema? Quizá la comisión parlamentaria que preside Rosa Mavila pueda obtener alguna respuesta.
La señora Lozada permaneció en el cargo hasta el 8 de agosto de 2011, fecha en la cual el ministro del Interior del régimen humalista, Óscar Valdés Dancuart, aceptó su renuncia. Ella sucedió al general PNP (r) José Hernando Álvarez Caballero, quien dirigió Ofecod desde el 21 de abril de 2005.
El coronel EP (r) Carlos Manuel Reyes Tello fue el último director ejecutivo de Ofecod hasta que la entidad se transformó en la actual Conabi.
Patricia Lozada estuvo al frente de ofecod cuando gerald oropeza tomó posesión de la residencia de la planicie. la señora Lozada es nuera de jorge del castillo.
El pasado existe
Los expertos en narcotráfico retroceden hacia 1980 para señalar la fecha en la cual los barones del tráfico ilícito de estupefacientes pisaron la las zonas del poder político en el país.
Es un punto de referencia inexacto. Sucede que en 1949 Estados Unidos capturó al capo peruano Eduardo Balarezo. Las investigaciones de la fiscalía de ese país lo vinculó al Apra, pero no hubo consecuencias posteriores.
Algunos años después, durante el periodo dictatorial militar de Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez, hubo serias restricciones a la libertad de prensa, censura a la bruta y confiscaciones de diarios de circulación nacional. Por esas razones la existencia de los capos de la droga en el país y sus nexos con el poder no fue documentada. El silencio los volvió invisibles ante la opinión pública, mientras ellos operaban entre sombras en las más altas esferas del gobierno de facto.
Inclusive el hijo de un dignatario fue capturado en Panamá, pero las coordinaciones diplomáticas y algunas concesiones ante la DEA le permitieron salir bien librado de los cargos por trasladar un sustancioso cargamento de cocaína con destino a Estados Unidos. La noticia llegó a las redacciones, pero el control de los contenidos estaba en marcha y no hubo forma de publicar el cable que traía detalles del caso.
El negocio prosperó. La coca creció a nivel nacional con raíces fuertes y poderosas. El dinero del narcotráfico ingresó a raudales en las elecciones de la Constituyente de 1978 y en las generales de 1980.
Carlos Lamberg Meléndez fue sindicado como colaborador en la campaña de Armando Villanueva del Campo (Apra), así como de haber adquirido Villa Marcedes, el recinto donde vivió Víctor Raúl Haya de La Torre fundador del partido de la estrella.
Un nombre inesperado saltó a los titulares de los diarios que en julio de 1980 serían devueltos a sus legítimos propietarios: Mayor general FAP (r) Frank Tweddle Granda. El entonces presidente de la compañía de aviación estatal Aeroperú había alzado vuelo en el traslado de drogas.
En marzo de 1980 Tweddle Granda fue detenido en el aeropuerto Jorge Chávez con un alijo de poco más de 5 kilos de cocaína. La fiscal del caso fue Blanca Nélida Colán, quien llegó a Fiscal de la Nación en la dictadura fujimorista.
Aunque la opinión de la acusadora indicaba que el mayor general formaba parte de una organización internacional con fuerte tejido de colaboradores en el país la investigación no avanzó más y solo Tweddle pagó con cárcel las consecuencias de ese ilícito. ¿Fue el único oficial de las Fuerzas Armadas comprometido con el narcotráfico en esa época?
Poco después un accidente en el laboratorio que Ricardo ‘Dickey’ Álvarez Calderón montó en una residencia en la exclusiva urbanización Polo Hunt de Santiago de Surco, mostró un rostro del ‘jet set’ local en este mundo complejo del narcotráfico.
Dickey murió a causa de la explosión y se llevó a la tumba los nombres de una organización que para operar necesitaba de un buen contingente de cómplices en diversos sectores del aparato estatal y privado.
Otra explosión, esta vez en el laboratorio de Reynaldo López Rodríguez, ‘El Padrino’ ubicado en la calle Gerona, Santiago de Surco, lanzó a la fama el célebre caso Villa Coca un 24 de julio de 1985.
‘El Padrino’ había penetrado a la cúpula policial y hasta había instalado una línea directa a la dirección de la entonces Policía de Investigaciones del Perú (PIP). A falta de celulares el teléfono blanco acortaba las distancias y reducía los tiempos.
Manuel Ángel del Pomar Cárdenas fue elegido diputado por el Apra en las elecciones generales de 1985. El 27 de setiembre de 1988 intentó cobrar en Alemania un cheque por 180 mil marcos de una cuenta del CommerzBank vinculada a Manuel García Montes, hombre procesado por narcotráfico. Del Pomar fue sentenciado a cuatro años de cárcel.
Guillermo Cárdenas Dávila o Guillermo Porto Cárdenas, Mosca Loca, tuvo una iniciativa monumental: propuso pagar la entonces abultada deuda externa del país a cambio de libertad para sus operaciones de tráfico de drogas. El tiempo no le alcanzó y murió durante la intervención policial para terminar con el motín de presos en el penal de El Sexto en 1984.
Después, en los 90, llegó Demetrio Chávez Peñaherrera, Vaticano, quien fue el engreído de Vladimiro Montesinos. Cuando estuvo a punto de delatar a sus cómplices en el aparato gubernamental fue víctima de un ‘tratamiento’ que le hizo perder la memoria y lo trastornó con severidad. Ahora está preso en el penal Castro Castro.
En 1993 el caso de Los Camellos saltó a la prensa por un cargamento de 2,3 toneladas de clorhidrato de cocaína que iba a salir por el Callao. Al corredor Bruno Chiappe lo sindicaron como el cabecilla de la organización criminal. Este señaló al panameño Boris Foguel como uno de los líderes.
Diez años después Chiappe murió de peritonitis en el penal Sarita Colonia. Hace dos años Foguel fue asesinado en Panamá. El capítulo de Los Camellos, que también involucra a Vladimiro Montesinos, concluyó.
Era legal hasta 1940
Hubo un largo periodo de tiempo en el cual la cocaína fue considerada una droga legal y beneficiosa. Hacia 1860 la consideraban como una hoja maravillosa. Según el historiador estadounidense Paul Gootenberg entre 1885 y 1910 se promovió las redes interamericanas de la coca y la cocaína. “Un periodo inicial cuando EE.UU. y Perú trabajaban hombro a hombro para convertir a la cocaína en una mercancía médica moderna y global”.
Entre 1910 y 1940 se produjo una era de transición. EE.UU. cambió de opinión y lanzó una cruzada nacional y mundial para proscribir la droga. “El Perú mostró mayor autonomía, ambivalencia y crisis cultural hacia su coca y cocaína nacionales”.
Por último, entre 1940-1980 se dio el periodo de las prohibiciones a la cocaína con alcance global. Hubo un alto grado de cooperación entre EE.UU. y Perú. “Sin embargo, este periodo y proceso final también fue testigo del nacimiento de las redes internacionales ilícitas de la droga y, con ellas, de los persistentes y completamente paradójicos dilemas en torno a las drogas que enfrentaría EE.UU. a finales del siglo XX”.
* Periodista y editor del blog: www.unavozunavez.blogspot.com
