Por Jonathan Hurtado

Servindi, 17 de agosto, 2015.- En movilización permanente. Así se declararon las comunidades de las cuencas de los ríos Corrientes y Pastaza que el viernes último se vieron contra la espada y la pared ante un Estado indolente y poco dialogante.

Con gran expectativa, aquel día más de 30 apus o líderes indígenas aguardaban en Lima la respuesta que el Ministerio de Energía y Minas (MEM), y otros portafolios, habían preparado a sus demandas presentadas en el marco de la consulta previa del lote petrolero 192, ubicado en Loreto.

El Estado había tomado conocimiento de éstas el 8 de julio, al final de la Etapa de evaluación interna que hacen las comunidades. Es decir, los ministerios competentes tuvieron exactamente un mes y una semana para preparar su mejor respuesta. Sin embargo, lo que llevaron a la cita poco tuvo que ver con esto.

45 años de actividad petrolera

Desde 1971, los achuares del Corrientes, los quechuas del Pastaza y los kichwas de la cuenca del río Tigre han visto y sufrido los estragos causados por la actividad petrolera.

Este daño se ha hecho evidente en, por ejemplo, derrames de petroleo que colmaban sus ríos, y en el arrojo de sustancias tóxicas a los mismos sin fiscalización o vigilancia alguna. Esto último cambió, luego de una larga lucha, con los acuerdos del Acta de Dorissa del año 2006.

Esto explica en parte la magnitud de lo que hoy reclaman las comunidades que se encuentran en el área de influencia del lote y que hoy están representadas para el caso del Corrientes y Pastaza, en las federaciones Feconaco y Fediquep, respectivamente. Los del Tigre venían negociando aparte con el Estado.

Ahora que el lote aguarda el ingreso de un nuevo operador -el contrato con la empresa Pluspetrol vence el 29 de agosto- los nativos buscan que no se repita la historia de contaminación y daño a la población.

Dicho esto, el 14 de agosto la posibilidad de que el Estado surgiera con una propuesta acorde a la dimensión de sus demandas no sonaba descabellada. Sin embargo, esto no ocurrió y, peor aún, se le dio a los apus apenas una hora para responder.

La propuesta de Estado consistía en entregar a las comunidades el 0.75 % de la producción fiscalizada del lote. Este dinero sería transferido a un fideicomiso privado, que será incorporado al contrato de explotación con la empresa privada, así lo explicó Patricia Balbuena, viceministra de Interculturalidad,

Para las federaciones, este fondo, que sería solo para “proyectos de desarrollo y vigilancia ambiental”, resulta insuficiente para las tres cuencas. Según explican sus asesores, con el precio actual del petróleo, el citado porcentaje se traduce en un millón de dólares al año.

Esto dista mucho de lo que le exigían y aún exigen al Estado: 1000 millones de dólares para un fondo social por los 30 años de explotación petrolera. Esto es algo así como 33 millones de dólares al año.

Como el MEM dispuso que no se hable de otro tema, el “diálogo” no prosperó más y tanto Feconaco como Fediquep resolvieron no firmar el acta de acuerdo. Quienes sí firmaron fueron los apus de la Federación de Comunidades Nativas del Alto Tigre (Feconat), y la Organización Interétnicas del Alto Pastaza (ORIAP).

¿Qué es la ORIAP?

Hasta mediados de julio de este año no se tenía información clara de esta organización. Su aparición se dio en el inicio de la Etapa de diálogo de la consulta previa del Lote 192, causando malestar en las federaciones Feconaco y Fediquep, que jamás la habían visto acompañando o respaldando sus luchas.

En su momento, el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS), informó que la ORIAP es una oenegé compuesta por personas naturales. Pese a ello Perupetro, a cargo de la consulta en ese entonces, y el Ministerio de Cultura abogaron por que ésta siga participando de la citada etapa.

Lo cierto es que al descubrirse que no se trataba de una federación, sus miembros optaron, ante la presión, por abandonar el proceso. Es por ello que sorprendió que hayan hecho nuevamente su aparición en la cita del viernes último, en Lima.

“Esta organización ha sido creada sobre la marcha del proceso (de consulta previa), se ha creado promovido por el Estado y la empresa petrolera (Pluspetrol) para desestabilizar a nuestras federaciones que son unidas”, declaró el sábado Raúl Cariajano, apu de la comunidad nativa Los Jardines, base de la Fediquep.

Según el mismo líder, “estas organizaciones (también habría participado de la reunión otro grupo desconocido) están representando solamente a una comunidad”.

Apu Tedy GuerraApu Tedy Guerra, de la comunidad nativa Nuevo Andoas. Foto: Servindi

Escenario fraudulento

Una vez que Feconat y ORIAP firmaron el acta, al día siguiente, sábado, la agencia de noticias Andina difundió una nota que no reflejaba lo ocurrido. En ninguna parte precisaba, por ejemplo, que tanto Feconaco como Fediquep estuvieron en desacuerdo con la propuesta del Estado.

Más temprano, la viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, acompañada de un representante de la ORIAP, daba cuenta en Radio Programas del Perú (RPP) del “primer acuerdo vinculado a beneficios económicos” suscrito entre comunidades y Estado.

A diferencia de Andina, Balbuena precisó que tanto Feconaco como Fediquep no firmaron el acta, aunque sin profundizar en las razones.

Ante lo visto, las federaciones, así como la Acodecospat (federación del Marañón) y la organización nacional Aidesep, suscribieron ese mismo día un pronunciamiento rechazando “el uso sesgado y tendencioso que hace el Estado de la información posterior a la firma de acuerdos con algunas organizaciones indígenas”.

Por lo pronto los apus han vuelto a sus comunidades para informar lo ocurrido en la capital peruana. Mientras tanto se han declarado en movilización permanente. No descartan tomar otras medidas.

“Sin luchas no se ha logrado nada, con las luchas sí se logran cosas grandes”, sentenció Tedy Guerra, apu de Nuevo Andoas, comunidad ubicada en la cuenca del Pastaza.