Al cumplirse, este 28 de agosto, doce años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (IF-CVR), representantes de organizaciones de afectados por la violencia y de organismos de defensa de los derechos humanos manifestaron su descontento por la falta de compromiso mostrada por el gobierno de Ollanta Humala para con el proceso de implementación de las recomendaciones del IF-CVR. Asimismo, señalaron que hay poca voluntad para continuar con la implementación del Plan Integral de Reparaciones. 

Adelina Mendoza, presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), en conversación con Noticias SER, dijo que los integrantes de su organización están preocupados, porque en la gestión de Ollanta Humala se ha avanzado muy poco en la implementación de las recomendaciones del IF-CVR. Mendoza, sin embargo, mostró su esperanza en que este gobierno modifique el Decreto Supremo 051-2011, que da por concluido el período de determinación e identificación de los beneficiarios del programa de reparaciones económicas y asigna un monto ínfimo para las reparaciones económicas individuales.

“La verdad no sé hasta cuándo vamos a esperar. Confiábamos en que Humala iba a hacer algo en favor de los familiares de las víctimas, pero hasta ahora nada. Además son ya doce años de la entrega del informe y en términos concretos es muy poco lo avanzado “, lamentó la dirigenta.

El representante de la Coordinadora Regional de Afectados por la Violencia Política de Ayacucho (CORAVIP), Filemón Salvatierra, se quejó, por su parte, de que, 12 años después de la entrega del IF-CVR, con lo único que se ha avanzado, y de forma deficiente, es con la implementación del Plan Integral de Reparaciones. Por ello, reclamó al gobierno nacional un compromiso formal para que cumpla con lo recomendado por la CVR. Salvatierra también recordó que este gobierno se ha estancado en los procesos de judicialización de casos de lesa humanidad. “En general, no se está avanzando en el tema de las recomendaciones. Para poner un ejemplo, el tema de la reforma institucional no se está trabajando. No sé cuántos años más tendrán que pasar para que el gobierno asuma su responsabilidad de atender a las víctimas de la violencia política”, reclamó.

Para Ernesto Ambia, responsable de la Oficina de APRODEH en Ayacucho, no hay tampoco mucho que destacar con respecto al avance, en los últimos años, de la implementación de las recomendaciones hechas en el IF-CVR, porque este proceso se ha estancado. Según el especialista, no sea generado políticas públicas para atender las consecuencias post-violencia, por lo que hay temas pendientes, como es la búsqueda de los desaparecidos, tomando en cuenta que no se sabe dónde están más de 15 mil personas. “Es necesario un mayor compromiso para atender esta problemática. Los otros temas de reparación son salud, educación, vivienda, reparaciones económicas, donde, creo, hubo pequeños avances, pero hay cuestiones que son sensibles y casi no han sido abordadas por el gobierno”, concluyó.