Nada fácil hacer un balance con precisión sobre la influencia que el Banco Mundial (BM) o el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha tenido y tienen en el Perú. La discusión va más allá de establecer porcentajes; se trata de identificar acciones, comprender decisiones, evaluarlas, obtener aprendizajes y establecer responsabilidades sobre más de cincuenta años de relaciones. 

¿Qué grado de dependencia queremos para el futuro? Recordemos que en un recuento general el Perú es considerado como un “buen alumno” respecto a la implementación de dichas políticas de enfoque prioritariamente económico. ¿Debe el Estado dar una rendición de cuentas sobre la implementación de dichas políticas?

Son algunas de las preguntas que deberíamos plantearnos; sobre todo cuando por primera vez en Perú y después de casi medio siglo el BM y FMI vuelven a Latinoamérica y lo hacen para la Reunión Anual del BM y FMI -que tendrá lugar en Lima del 5 al 12 de octubre- con el objeto de analizar asuntos económicos y financieros de interés global.

Reunión que acogerá a más de quince mil personas entre directivos de bancos centrales, ministros de economía y finanzas de 188 países miembros, banqueros, ejecutivos de empresas multinacionales y académicos; muchos de ellos, los rostros visibles del poder económico global.

El lema para esta reunión es “moldeando el futuro” cuyo ejemplo será mostrar a la burocracia económica los logros del denominado “milagro peruano” y con ello intentar demostrar que las economías del sur serán actores protagónicos del modelo económico. A esa astucia se suma la del Ministerio de Economía y Finanzas quien agrega el epígrafe: “Perú, capital económica del mundo”.

Paradójicamente, no se pudo escoger peor momento, justo cuando el milagro se desmorona por propia mano y el modelo económico “hace aguas” ante la caída de los precios de materias primas (cobre, oro, plata, etc.) con la consecuente desaceleración económica.

Banco Mundial: viejas prácticas, iguales resultados

Las relaciones con el BM son cuando menos complejas, su crecimiento institucional ha ido acompañado de la ampliación de su agenda que a través de sus préstamos ha limitado de alguna forma la soberanía de los Estados.

Recordemos que su intervención empezó a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), creado en el marco de la conferencia de Bretton Woods, con el objetivo de financiar la reconstrucción de la Europa de posguerra y suplir las deficiencias de los mercados privados de capital, especialmente en lo relativo a la disponibilidad de financiación para el desarrollo; interviniendo en América Latina a través de préstamos para proyectos de infraestructura.

En un segundo momento el vínculo fue dado por la financiación contra la lucha de la pobreza a través de proyectos específicos en materia de servicios básicos. Prestamos que iban tejiendo una relación de condicionamiento con muchos de los países prestatarios. Lo que generaría que el BM empiece a desempeñarse como asesor técnico y monitor de la política económica de los gobiernos.

En una tercera etapa el BM comienza a mostrar su perfil más controvertido a partir de los préstamos para las reformas estructurales otorgados para América Latina, ajustes que exigían la defensa de una postura antiestatista respecto del manejo de la economía y una defensa del mercado como el mejor asignador de los recursos.

A partir de allí, una seguidilla de reformas serían impulsadas por el BM: La promoción de políticas de liberalización del comercio internacional, liberalización del flujo de capitales, todo lo relacionado a desregulación de los sistemas financieros nacionales, desregulación del mercado laboral, privatización de las empresas públicas o racionalización de los impuestos. Cada una de estas propuestas impulsadas por el BM estaba dotadas de densos documentos e investigaciones para después ser implementadas por los gobiernos de turno.

Entonces se empezó hablar sobre el consenso de Washington o la imposición de un modelo económico digitado desde EE.UU. para su aplicación en los países del sur.

Para inicios de los noventa el Banco fue ampliando su agenda de intervención al introducir los problemas relacionados a la gobernanza y las instituciones, donde temas como educación, salud, agua, justicia, agricultura, medio ambiente, comercio o transporte formaban parte ahora de la agenda relevante del BM.

El haber incorporado temas relacionados como la gobernanza e institucionalidad dieron cabida a una influencia preponderante por ejemplo en lo relacionado a los sistemas jurídicos de los Estados y con ello al papel del Estado en relación con el desarrollo económico.

A pesar que en la actualidad el BM ha negado intervenir en asuntos político, las evidencias demuestran todo lo contrario, la condición de muchos de sus préstamos ya sea para fortalecer la institucionalidad, mejorar la gobernanza o luchar contra la corrupción tiene por objetivo ofrecer un ambiente de seguridad jurídica principalmente para promover mayores niveles de crecimiento económico y aumentar las inversiones.

Arquitectura normativa para mayor desigualdad

Bajo esos antecedentes se desprende ahora una nueva amenaza a la soberanía de los Estados. El BM, consciente que no ha sido suficiente la intervención dedicada a crear las condiciones internas a través de reformas institucionales (decisiones políticas y normas jurídicas) con el fin de asegurar un modelo económico de desarrollo; ha decidido además despejar cualquier temor y empezar a garantizar un trato que vaya incluso por encima de la jurisdicción nacional.

Nos referimos a la apuesta del BM, el FMI, la Organización Mundial del Comercio (OCM) y otras instituciones financieras que buscan generar una arquitectura normativa supranacional, que promueva un régimen de protección especial a los grandes capitales e inversionistas.

Una arquitectura normativa diseñada a la medida y gusto del cliente, que está desafiando la prevalencia de los mismos derechos humanos.

Este régimen opera a partir de la firma de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), que contienen cláusulas diversas para garantizar la “seguridad jurídica” de las inversiones; cláusulas donde el Estado se compromete a no interferir de ningún modo con la inversión, ni a discriminarla por su procedencia externa, además de otras peligrosas medidas.

Finalmente, para que todo esto pueda tener sentido, el Estado debe renunciar a la jurisdicción nacional, para que los casos puedan someterse a un tribunal arbitral, como el Centro Internacional de Arbitraje sobre Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que es parte de una de las cinco instituciones que conforman el Grupo del Banco Mundial.

Esta protección a las inversiones también se puede encontrar en los más de 10 Tratados de Libre Comercio firmados por Perú y presumiblemente, en las negociaciones (secretas) para el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TTP, por sus siglas en inglés).

No es complejo deducir que es un sistema perverso y poco transparente; ampliamente favorable para las empresas transnacionales y sus inversionistas, donde a través de tratados se logra eludir las jurisdicciones internas para ser juzgados por tribunales patrimonialistas, bajo valoraciones estrictamente económicas.

Actualmente hemos visto cómo el gobierno del presidente Humala justifica sus decisiones respecto a las políticas de actividades extractivas (caso Conga, Tía María y otros) alegando la amenaza por parte de empresas trasnacionales de poder demandar al Estado ante el CIADI, un ejemplo concreto de esa amenaza a la soberanía.

Por otro lado, vemos como el actual gobierno viene impulsando reformas legislativas silenciosas como los denominados “paquetazos” contra el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas; que buscan debilitar lo poco avanzado en institucionalidad ambiental o facilitar el acceso a la tierra de proyectos de inversión en territorios indígenas; políticas impulsadas por el BM a través de un programa que clasifica a las economías de los Estados en función de facilitar los mecanismos para negocios (Doing Bussness).

El BM pues, ha jugado y juega un papel preponderante en este último medio siglo, deberíamos empezar a repensar la influencia que queremos que tenga en el futuro y no apresurarnos a firmar una carta en blanco como lo hemos venido haciendo hasta el momento.

Notas.

(1) Revisar en la web del Ministerio de Economía y Finanzas con motivo de las reuniones anuales: https://www.2015lima.gob.pe/

(2) Burgos Silva, Germán, “Estado de derecho y globalización : el Banco Mundial y las reformas institucionales en América Latina”, ILSA, UNIJUS, Bogotá, 2009.

(3) Hallazi Luis, Súper derechos de inversionistas vs endebles derechos humanos, Patio de Sociales, 2013: http://www.patiodesociales.com/2013/07/super-derechos-de-inversiones-vs.html

(4) El Grupo del Banco Mundial está integrado por: El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, 186 países miembros), La Asociación Internacional de Fomento (AIF, 169 países miembros), La Corporación Financiera Internacional (CFI, 182 países miembros), El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI, 175 países miembros)

(5) Wiener Raúl, Suspende tú el proyecto, 06-05-2015: http://rwiener.blogspot.pe/2015/05/suspende-tu-el-proyecto.html

(6) Ver Banco Mundial Doing Business: en http://espanol.doingbusiness.org/data

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*http://www.rebelion.org/noticia.php?id=203377

Luis Hallazi es investigador en derechos humanos.