En 2004, Xstrata Copper adquirió los derechos para explorar Las Bambas en Apurímac. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado por el Estado peruano en 2011. Sin embargo, la adquisición de Glencore y la posterior venta del proyecto a la empresa china MMG Limited en 2014 provocó que el EIA se modifique, lo que generó el malestar de las comunidades campesinas de las provincias de Cotabambas y Grau.
Los comuneros denuncian que el EIA fue modificado sin la consulta previa que les correspondería. Esto se ha manifestado en diversas protestas desde el 2015, que lamentablemente han dejado tres muertos durante enfrentamientos con la Policía Nacional.
Para entender mejor lo que ocurre con Las Bambas, LaMula.pe comparte algunos datos clave para entender este conflicto minero:
1.- La compra de Las Bambas y sus modificaciones
En 2004, Xstrata Copper adquiere el derecho de explorar Las Bambas. Luego de una audiencia en Challhuahuacho, el EIA fue aprobado por el Estado en 2011, durante el gobierno de Alan García.
Glencore adquirió Xstrata Copper en el 2013 y un año después vendió toda su participación en Las Bambas a la empresa china MMG Limited a US$ 7 mil millones. Con esta transacción, se hicieron modificaciones al EIA, hecho que las comunidades denuncian y motivo del conflicto.
2.- Modificatoria del EIA sin consulta previa
En 2015, los manifestantes afirmaron "desconocer la modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental por carecer de sustento legal y social". En este sentido, exigen que dicha modificación sea puesta a consulta previa, ya que se trata de comunidades campesinas.
Cuando se conocieron los nuevos dueños de la mina, Noticias SER mostró su preocupación al respecto. "Es imprescindible que los nuevos dueños de Las Bambas garanticen plenamente el respeto a los derechos de las comunidades campesinas y localidades que se encuentran en las zonas de impacto, así como el respeto a los acuerdos que se han logrado hasta la fecha. Y sobre todo, que el Estado este muy atento a hacer respetar los estándares ambientales y laborales que la ley señala. Y que cualquier cambio de gran magnitud pase por la necesaria revisión del estudio de impacto ambiental del proyecto", sostuvo en su editorial.
Al respecto, debemos señalar que el artículo 7 de la Ley N° 29785 (Ley de Conslta Previa) indica los criterios para identificar a los pueblos indígenas y se señala que "las comunidades campesinas o andinas y las comunidades nativas o pueblos amazónicos pueden ser identificados también como pueblos indígenas u originarios, conforme a los criterios señalados en el presente artículo".
Y los criterios objetivos están basados en la descendencia directa de poblaciones originarias, la permanencia de estilos de vida y vínculos históricos con el territorio, "patrones culturales y modos de vida distintos a los otros sectores de la población nacional". "El criterio subjetivo se encuentra relacionado con la conciencia del grupo colectivo de poseer una identidad indígena u originaria", indica la norma.
3.- El retiro de la planta de molibdeno y el mineroducto
Las comunidades también piden el retiro de la planta de molibdeno, ya que la consideran "altamente contaminante" para el medio ambiente y la salud. El molibdenita es uno de los minerales principales con valor económico del proyecto. Originalmente, estaba planeada la construcción de un mineroducto en Espinar. Pero con los nuevos dueños, se canceló esto y se decidió que los minerales (450 mil toneladas) sean trasladados en camiones por las carreteras ubicadas en la zona de las comunidades campesinas.
4.- Inclusión de las comunidades
A la exigencia de que sean consultadas por la modificación al EIA, las comunidades también piden ser incluidas en la zona de influencia del proyecto minero. Se trata de las comunidades que se encuentran dentro de la Línea de Transmisión Eléctrica (Grau) y la Vía de Transporte de Carga Pesada de los distritos de Challhuahuacho, Mara y Ccapacmarca.
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