Esta es la historia de un debate que no se dio y de una derogatoria en tiempo récord. 

El jueves por la tarde finalmente derogaron el decreto 1198 del Ministerio de Cultura que promovía, según se lee en el texto, una alianza entre el sector privado y el Estado en la administración del "patrimonio prehispánico inmueble" del Perú. Aunque este nombre no les diga nada, este decreto ocasionó que Cusco se levante y acate un paro de dos días porque consideraban que ponía en riesgo Machu Picchu y todos los restos arqueológicos de Cusco.

Según algunas autoridades cusqueñas, este era un intento de privatizar el patrimonio de la Nación y dejarlo a merced de la empresa privada. 

El congresista cusqueño, Hernán de la Torre, pidió al presidente Humala derogar la norma considerada por los cusqueños “privatista” o en su defecto la exclusión de los bienes ubicados en el Cusco.

Para entender, hagamos como Jack y vayamos por partes.

¿De veras iba a privatizar Machu Picchu?

El Ministerio de Cultura podrá otorgar a entidades públicas y/o privadas, mediante Convenios de Gestión Cultural, la administración de determinados componentes de dichos bienes inmuebles, para coadyuvar a su protección, investigación, conservación, restauración, exhibición, difusión y/o puesta en valor sostenible

Para los cusqueños, este decreto era la llave de entrada para futuras "privatizaciones" y para que sea la empresa privada quien se haga cargo también del cobro de boletos de ingreso a la ruta del Valle Sagrado. Este fue el discurso que se repitió a lo largo de esos dos días de paro, sin embargo, la ministra de Cultura Diana Álvarez Calderón ya había dicho que ni Machu Picchu ni los monumentos de Cusco se verían afectados por este decreto porque eran patrimonio de la Humanidad, lo mismo que las líneas de Nasca o Caral. 

Entonces, primer punto. El decreto 1198 no proponía la privatización de Machu Picchu ni de otros restos arqueológicos similares. Sencillamente, no los afectaba. La reacción de Cusco ante este decreto fue apresurada.

¿Qué proponía el decreto 1198 entonces?

Esa es la gran pregunta que gira en torno a la corta vida de este decreto. En el texto se podía leer que:

(...)se han identificado diecinueve mil novecientos tres (19,903) monumentos arqueológicos en todo el territorio nacional, cuya gestión debe comprometer y promover la inversión pública y privada como un vehículo efectivo para su protección sostenible.

Que el presupuesto estatal para proyectos de mantenimiento o conservación de este tipo de restos es escaso no es una novedad y de alguna manera, la participación del sector privado podría haber aliviado la carga. 

De acuerdo con Carina Moreno, coordinadora del Diplomado de Gestión Cultural de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya:

Según cifras oficiales, poner en valor una huaca cuesta entre S/.2’000.000 y S/.6’000.000. “Solo en Lima hay 370 huacas. Se necesita inversión privada”

La pregunta lógica que seguía era bajo qué condiciones se iba a llevar a cabo esta alianza y qué grado de injerencia tendría el sector privado en la conducción de estos monumentos. Esta pregunta no fue respondida por el Ministerio de Cultura. Por toda explicación se dijo que el reglamento aclararía todas las dudas y que había que esperar. Obviamente el reglamento nunca llegó.

¿Actualmente la empresa privada puede apoyar?

Sí. De acuerdo a las normas vigentes el sector sí privado puede participar aunque los procedimientos son mucho más largos y para períodos más cortos. En teoría, este decreto habría servido para agilizar este tipo de procesos. Por ejemplo:

Las huacas del Sol y de la Luna en Trujillo tienen un convenio público privado que permite su mantenimiento y que se continúe con los proyectos de investigación. Sin embargo, como explica Elías Mujica, uno de los artífices de este proyecto: 

“la huaca tiene que firmar un convenio cada año, lo cual es un proceso de lo más engorroso [...] De no haber sido derogada, la renovación sería cada 10 años y tendríamos más fondos para trabajar en la investigación y conservación”

Lo mismo sucede con el Museo de Arte de Lima (MALI) que también funciona bajo un modelo público-privado. Según explica Santiago Alfaro:

 “El museo ocupa un inmueble que es público, pero su gestión es privada. No existen argumentos para decir que es una gestión ineficiente, el MALI es uno de los mejores museos del país, si no es el mejor”.

Como vemos existen iniciativas en este sentido. Otra de ellas y que las autoridades del Ministerio de cultura se han esforzado en mencionar es el caso de la Huaca Pucllana. Allí se acondicionó un espacio - donde antes funcionaban oficinas y donde se comprobó que no existía ningún   resto arqueológico - y se lo dio en alquiler a un restaurante que finalmente entrega una renta que es gestionada por la Municipalidad de Miraflores para uso directo en la huaca. 

Sin embargo, no se trata ni de una concesión ni de una alianza público privada sino de un alquiler de un espacio que está amparado en todas las normas vigentes. Entonces, si ya existen normas vigentes que permitan casos como los que hemos mencionado, ¿cuál era la importancia de este decreto? A ciencia cierta, no se sabe. Se estima que habría servido para agilizar los procesos y para darle una mano al Estado que no tiene presupuesto para este tipo de investigaciones, pero no hubo más debate ni comunicación al respecto. 

Sin duda es un año preelectoral donde todos hacen su intento por quedar bien. El Ministerio de Cultura publicó un decreto sin ánimos de debate ni de comunicación de por medio, el Congreso buscando ganarse la simpatía de los cusqueños y de la oposición del gobierno aprobó la derogación. Aunque el Ministerio de Cultura lamente la derogatoria, lo cierto es que no hizo mucho para aclarar el panorama. 

Como dice Santiago Alfaro en una entrevista para La Mula

Ha sido prematuro sacar la ley sin antes hacer un debate y buscar acuerdos. Ahí ha pecado el Ministerio de Cultura: hay que hacer política. El Estado tiene que ir a hacer alianzas, a explicar, a hacer políticas con ciudadanos. (...) Es una reforma importante que requiere una legitimidad del gobierno que no hay ahora: el gobierno está debilitado por la cercanía de las elecciones y en general.