La oposición brasileña se salió finalmente con la suya al lograr que la presidenta del país Dilma Rousseff se enfrente a un proceso de destitución, tal y como lo informó este miércoles el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien aceptó el pedido alegando graves irregularidades fiscales.
Segura, sin embargo, de que todo se trata de una jugada política -el proceso podría llevarla a la destitución-, Rousseff se dirigió por la noche a los brasileños en un breve pero firme mensaje desde el Palacio presidencial de Planalto, en Brasilia.
"Recibí con indignación la decisión del presidente de la Cámara de Diputados contra un mandato democráticamente conferido por el pueblo brasileño (...) Son inconsistentes e improcedentes las razones de esta petición. No hay acto ilícito cometido por mí. No pesa en mi contra ninguna sospecha de mal uso del dinero público. No tengo cuentas en el extranjero, ni oculté del conocimiento público la existencia de alguna propiedad personal. Nunca coaccione o intenté coaccionar a instituciones o personas en busca de satisfacer mis intereses. Mi pasado y mi presente dan fe de mi integridad y mi compromiso incuestionable a las leyes y los asuntos públicos del país".
Pese a la evidente molestia, la mandataria dijo tener tranquilidad frente al proceso, que podría llevar meses, puesto que no es consistente.
"Tengo convicción y absoluta tranquilidad sombre la improcedencia de este pedido, así como su justo archivamiento. No podemos dejar que las conveniencias y los intereses indefendibles sacudan la democracia y la estabilidad de nuestro país. Debemos tener la paz y la confianza en nuestras instituciones y el estado democrático de derecho".
¿Venganza política?
Cunha -que pertenece partido oficialista aunque milita ahora en la oposición-, acató un pedido de juicio político presentado por varios juristas y cuatro partidos opositores que se fundamenta en unas supuestas maniobras fiscales irregulares que el Gobierno habría hecho para maquillar sus resultados de 2014 y que continuaron este año.
Curiosamente el anuncio hecho hoy por el ahora opositor coincidió con la decisión del Partido de los Trabajadores (PT) de apoyar la apertura de un proceso que puede despojarlo de su mandato por sus implicaciones en las corruptelas detectadas en la petrolera estatal Petrobras. ¿Casualidad?
El próximo paso tras la decisión de Cunha será la conformación de una comisión especial que analizará la decisión contra la jefa de Estado.
La misma deberá establecer un plazo para la defensa de Rousseff y luego elaborar un informe, que en caso de inclinarse por el juicio político obligará a la presidenta a separarse del cargo durante 180 días, que es el tiempo que tendrá el Senado para realizar el propio juicio.
con información de blog de panalto y efe
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