Noelia tiene 31 años, ha pasado 10 -desde que inició la demanda- esperando que el Estado peruano reconozca que se equivocó cuando le prohibió hacerse un aborto terapéutico pese a que el diagnóstico médico indicó que en su vientre tenía un feto anancefálico y que su vida corría riesgo. Se le obligó incluso a amamantarlo cuando nació, hasta cuatro días después en que murió. Hoy, en un hecho histórico, el gobierno de turno a través del Ministerio de Justicia ha reconocido que la negación de un aborto terapéutico vulneró los derechos humanos de la joven, habrá una compensación económica y se espera una disculpa pública por todo el daño a la salud mental y al proyecto de vida de Noelia que termina un vía crucis legal y está más fuerte que nunca.

Su expediente durante todos estos años, largos y tediosos, se conoció como K.L. Cuando sucedió el embarazo era menor de edad y temía dar su verdadero nombre. Quien escribe esta nota pudo conocer a Noelia ayer, le preguntó si seguiría llamándose K.L. Ella dijo “No”. Ahora quiere usar su nombre, no hay miedo, no hay nada que esconder, porque no es ella la culpable, no es ella quien debía ser sancionada, no fue ella quien sometió a alguien a un sufrimiento físico y moral, fue el Estado a través de los operadores de salud.

La importancia de que un gobierno reconozca que vulneró los derechos humanos, puede acabar con una serie de secuelas en las víctimas. Cuando Noelia supo que el Estado peruano cumpliría con el dictamen de Naciones Unidas de brindarle una reparación reconociendo su mal accionar, ella se sintió más fuerte. “Estoy muy satisfecha, mi lucha no ha sido en vano”, dice perdiendo la timidez que por largos años la acompañó.

“Para mí significa una respuesta a todas las preguntas que he tenido por tanto tiempo, a partir de ahora puedo dar esperanza a otras mujeres y fuerzas para seguir luchando”, afirma Noelia Llantoy.

LA HISTORIA

En el año 2011, Noelia quedó embarazada. Ella decidió interrumpir su embarazo al saber del feto anancefálico (malformación cerebral congénita). Sin embargo en el hospital Arzobispo Loayza el director le negó esa posibilidad, le dijo que el aborto era penado con cárcel y en ningún momento reconoció que existía ya entonces la posibilidad de un aborto terapéutico legal.

Su caso fue llevado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU que tres años después determinó que el Estado peruano violó los derechos humanos de Noelia, al haber “vulnerado el derecho a estar libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes que supone el dolor físico y moral, este último incluso se vio agravado porque se le negó protección siendo menor de edad”.

Las negociaciones jurídicas y políticas han sido arduas en 10 años. “En el gobierno de Alejandro Toledo se avanzó poco, en el de Alan García no se hizo nada y recién en el gobierno de Ollanta Humala se manifestó la voluntad política para cumplir el dictamen de la ONU”, señala Parwa Oblitas, abogada de Noelia.

NO HAY TRANSPARENCIA

El caso de Noelia es histórico a nivel internacional. Sienta un precedente para otras mujeres con embarazos de fetos anancefálicos.

Según datos oficiales, entre el 2012 y el 2014 hubo 92 embarazos de ese tipo, antes de la aprobación del protocolo del aborto terapéutico.

Sin embargo, como suele pasar en otros casos, donde los gobiernos y políticos conservadores prefieren silenciar las demandas civiles, no hay transparencia estadística. Para conocer el número de abortos terapéuticos practicados desde la aprobación de la Guía Técnica Nacional para la estandarización del procedimiento de aborto terapéutico “se debe recurrir a la Ley de Transparencia. No figura en el portal web del Ministerio de Salud”, señala María Ysabel Cedano, directora de Demus, organización que patrocinó el caso de Noelia.

Con este caso, queda claro que cualquier mujer embarazada que sabe que tiene un embarazo de feto anancefálico puede acceder al aborto terapéutico. Y si no se lo aceptan en el centro médico, puede demandar al Estado. Así es la ley.