El Tribunal Constitucional (TC) de Chile resolvió que los requisitos que deben cumplir las casas de estudios superiores para acceder al beneficio de gratuidad son inconstitucionales y que contemplan una "discriminación arbitraria", pero que este sí se puede financiar vía el presupuesto nacional.
La presidenta Michelle Bachelet dijo esta noche que no impedirán que cumpla su palabra de que la educación sea gratuita en Chile tras conocerse el fallo del TC. "Algunos quieren impedir que cumpla mi palabra; no me conocen. Quieren frenar la gratuidad, no lo van a lograr", señaló enfática la mandataria al referirse al fallo del Tribunal Constitucional (TC).
El pasado 3 de diciembre el órgano había declarado admisible el recurso presentado por 31 parlamentarios de la oposición que impugnaban la glosa presupuestaria de la gratuidad, por considerar que discrimina "arbitrariamente" a alumnos vulnerables.
El secretario del TC, Rodrigo Pica, explicó hoy a los periodistas que la decisión significa que se eliminarán de la glosa algunos de los requisitos que fueron impugnados como discriminatorios y que fueron acogidos por el Tribunal, como la acreditación de cuatro años de los centros de estudios.
Estos requisitos se exigían para acceder a la gratuidad, a los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesiones acreditados y a las universidades privadas que están fuera del Consejo de Rectores (Cruch), que comprende 33 universidades.
Bachelet recordó que "el Congreso democráticamente aprobó el contenido y la forma de nuestra propuesta porque entendió que lo que se estaba jugando en ella es un anhelo muy profundo y muy importante para la familia y un derecho que debería ser reconocido".
El pasado 21 de mayo, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, anunció la presentación de un proyecto de ley sobre la financiación para otorgar gratuidad al 70 % de los estudiantes más vulnerables de Chile.
Sin embargo, debido a la desaceleración económica y la serie de catástrofes naturales que ha experimentado el país en los últimos meses, el Ejecutivo decidió reducir el cupo de los beneficiados y cambiar los criterios de acceso a la gratuidad para las universidades, cambios que generaron rechazo por parte de los estudiantes.
Tras la decisión del TC en esta jornada, el Ejecutivo se verá en la obligación de implementar un mecanismo para concretar el inicio de la gratuidad el próximo año y cumplir así con el compromiso presidencial, lo que podría traducirse en una ampliación del beneficio a más instituciones, reduciendo el número de beneficiarios o su restricción solo a las 33 universidades del Cruch.
La reforma a la educación, orientada a mejorar su calidad y otorgar gratuidad en todos sus niveles, es una de las grandes promesas de Bachelet e intenta recoger las demandas planteadas masivamente por los estudiantes chilenos desde 2011.
"Acataremos el fallo como corresponde a un Estado de Derecho y mi vocación republicana, pero hice un compromiso con los jóvenes de Chile y lo voy a cumplir", añadió. "Con este Gobierno se va a iniciar el proceso para que todos los estudiantes tengan acceso a educación superior gratis, de calidad y sin deudas".