A pesar de su historial de violencia por el recientemente cerrado conflicto entre el Gobierno y las FARC, el régimen colombiano implementó la prohibición de porte de armas en todo el país durante todo el 2016. 

Y es que Colombia decidió no seguir los pasos de Brasil, que en el 2003 aprobó una ley que prohibió el porte, con algunas excepciones, de forma permanente. 

Posiblemente el gobierno colombiano tuvo en cuenta el reporte de las Naciones Unidas del 2015 que dio cuenta que los muertos por armas de fuego alcanzaron las cifras más altas de su historia en el 2012. 

Pero en el país ya se habían impuesto prohibiciones parecidas, pero menos prolongadas y a nivel distrital. Por ejemplo en Bogotá tuvo lugar una restricción de este tipo entre el 23 de diciembre pasado y el 31 de enero, un lapso que supera apenas el mes. Al respecto, el presidente Juan Manuel Santos detalló:

"Los resultados que nos ha dado la policía en cantidad de vidas que se han ahorrado por esa decisión (...) es positivo".

En esa misma línea el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, informó que al 20 de enero se registró una reducción del 13% en los casos de homicidio (146 muertes violentas menos) respecto al mismo periodo de un año atrás. 

La solución de problemáticas

Villegas explicó que la nueva medida permitió abordar dos tipos de problemas. 

En primer lugar, reducir los homicidios derivados de las peleas que se cometen con armas de fuego, en muchos casos con armas con permiso. Y por otro lado, controlar las armas ilegales que están en las calles, un avance que facilitó el trabajo de las fuerzas de seguridad del país. 

Por otro lado, el ministro informó que a la fecha hay permisos de porte para 500.000 armas y tenencia para 400.000. En otras palabras, hay una autorización por cada 53 habitantes. 

Sin embargo, el nuevo decreto hará que todos los permisos se vuelvan de tenencia, es decir que ya no podrán llevarse libremente por las calles, sino dentro de las propiedades. A pesar de ello, hay algunas excepciones contempladas por la norma como la de las empresas de vigilancia, los esquemas de seguridad del sector público y ciudadanos que demuestren que las necesitan.

Y en el actual contexto de abandono de armas por parte de la guerrilla si el acuerdo de paz con el gobierno logra el éxito, la prohibición de porte puede ayudar a la tarea de garantizar la seguridad de los guerrilleros, un compromiso que el Estado deberá asumir después de lo acordado en Cuba. 

Las armas ilegales

La parte del plan que busca identificar el armamento ilegal que existe en Colombia es muy importante puesto que se calcula que en el país pueden haber unos 2.5 millones de estas armas según el Centro de Estudios para el Análisis de Conflictos. 

Esa cifra incluye las armas que están en manos de la guerrilla, de los grupos de posdesmovilización paramilitar (bandas criminales o bacrim) y otras agrupaciones ilegales. 

Según el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), Jorge Restrepo, un 98% son armas de fuego cortas y de puño (pistolas, algunos revólveres y armas artesanales). 

Asimismo indicó que a pesar de los 2.5 millones de armas ilegales más las más de 900.000 que están en situación legal, la prevalencia de armas de fuego es baja en Colombia. Sin embargo, otras cifras dicen lo contrario pues cerca del 82% de las víctimas de violencia del país mueren por arma de fuego:

"Acá hay profesionales de la violencia armada, que utilizan las armas de manera muy eficiente.  Conocemos un arma que se utilizó 27 veces en homicidios antes de que fuera incautada".

Con respecto a los asesinatos, Restrepo dijo que se espera reducir los homicidios por armas de fuego en un 20%. 

Cabe resaltar que en las últimas dos décadas, la tasa de homicidios en Colombia pasó de 65 a 25 por cada 100.000 habitantes, pero aún es alta y se sitúa por encima del promedio del continente (15). 

Las críticas

Y a pesar de que la medida demuestra una intención por reducir la violencia en el país, hubieron voces que argumentaron que dejaría sin protección a los ciudadanos que están expuestos a riesgos y agresiones. 

En ese sentido, José Félix Lafaurie, el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, escribiró en su cuenta de Twitter:

"Decreto suspende porte de armas todo enero. La gente de trabajo en zonas rojas (de mucha violencia), mientras los bandidos hacen de las suyas".

Asimismo, criticó la extensión para todo el 2016. 

La clave para que la norma logre su objetivo depende de que las fuerzas de seguridad logren llevar a cabo y sostener a lo largo del año las acciones de control e interdicción. 

Es así que el riesgo más grande es que con el paso del tiempo se relaje la capacidad de control de las autoridades, pero sobre todo que los criminales aprendan a evitar controles. 

Es por esta razón que la medida tiene vigencia solo por un año y no de forma indefinida como ocurrió en Brasil. Sin embargo, lo ideal sería que cada cierto tiempo vuelva a aplicarse la prohibición. 

(Con información de elcomercio.pe)

(Foto de cabecera: abcdelasemana.com)