Estamos a menos de un año de las elecciones generales del 2016, donde además de presidente, vicepresidentes y congresistas, también debemos elegir a nuevos parlamentarios andinos, que seguirán representándonos en funciones no del todo claras, y sobre todo manteniendo o tal vez elevando el costo que significa para el Perú. 

Es por ello que es muy importante evaluar la gestión de éste órgano y el desempeño de nuestros representantes.

Desde 1979 existe el Parlamento Andino, creado con el fin de representar a los pueblos y ciudadanos en el proceso de integración; a pesar de no tener carácter vinculante su existencia no se cuestionó hasta que sus representantes empezaron a ser elegidos con voto universal de la población y por ende a tener su propio presupuesto y ganar los mismos salarios que un congresista.

Los parlamentarios andinos emiten opiniones, recomendaciones y manifestaciones de apoyo, pero en su gran mayoría éstos proyectos o medidas no llegan a implementarse y quedan como simples.

La voz de los representantes no tiene eco real ni consecuencias en los gobiernos de cada uno de los países integrantes, pues las decisiones del Parlamento Andino no son vinculantes en ninguna de las naciones, por ello no ejerce función de desarrollo normativo en la Comunidad Andina porque además, de conformidad con el Acuerdo de Cartagena, esa función recae en el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y en la Comisión de la Comunidad Andina.

Hace unos días, el parlamentario andino Hildebrando Tapia otorgó una medalla de reconocimiento a un gurú de la India, una muestra de las “importantes” acciones que desarrollan nuestros representantes.

Varios políticos e incluso representantes en Colombia y Perú, como por ejemplo Rafael Rey, han indicado que no están de acuerdo con las labores que desempeña este órgano deslizando la posibilidad de cerrarlo.

Esto se vería sustentado en el alto costo que representa mantener el Parlamento Andino. En nuestro país este costo se ha elevado considerablemente; de una primera gestión hasta el 2011 donde se ascendía a los 3 millones de soles anuales ahora en la presente gestión culminaremos con 5 millones de soles anuales, y si a ello le sumamos los viajes, comisiones además del propio gasto que implica la elección de nuestros representantes el resultado es desalentador. Es simple, un balance de costo – beneficios.

Una propuesta es que los parlamentarios andinos ya no sean elegidos con voto universal y en elecciones generales, sino que sean designados por el propio Congreso de la República y que esta función caiga en 5 de sus representantes, quienes obviamente ya no cobrarían un sueldo de más y se limitarían a gastos propios de su gestión. Hay que tener en cuenta que ello no significa dejar de lado sus labores como congresistas.

El Parlamento Andino no debe cerrarse, al contrario debe hacerse una reingeniería y consolidarse como un órgano de verdadera integración.

En la actualidad no se justifica la inversión de más de cinco millones de soles que el Estado realiza para el funcionamiento de una institución que no beneficia a un país que tiene otras tantas prioridades.