En medio de una pandemia y crisis política, las poblaciones vulnerables son las más afectadas. En los últimos meses, el vicepresidente del Comité de Gestión de Tambopata (Madre de Dios), Demetrio Pacheco, venía recibiendo amenazas contra él y su familia. El último viernes, el hijo de Demetrio falleció víctima de dos balazos cuando estaba recorriendo su concesión forestal. Su cuerpo fue hallado a la altura del kilómetro 356 de la carretera Interoceánica urcos-Iñapari.

Según contó Demetrio a Mongabay Latam, en abril pasado recibieron una amenaza de un grupo de seis personas que fue encontrado talando árboles en su concesión. “Aquí estás perdiendo tu tiempo, tú eres el que tienes que desaparecer de aquí”, le dijeron entonces a su hijo, Roberto Carlos.

Demetrio Pacheco y su familia tienen adjudicada una concesión de 842 hectáreas de un terreno dedicado principalmente al cultivo de castaña. Tienen esta concesión a su nombre desde 1995.

Al menos desde del 2012, Demetrio viene denunciando, ante la Fiscalía Ambiental, el ingreso de terceros a su concesión con fines maderables. 

Como indica el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), este asesinato recuerda al ocurrido en 2015, cuando el ambientalista Alfredo Vracko fue asesinado al interior de su concesión en el mismo sector. El CAAAP resalta que, hasta ahora, nadie ha sido condenado por este crimen.

Urge protección

En abril del 2019, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) aprobó, mediante Resolución Ministerial N° 059-2019-JUS, el "Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos".

Como el Minjusdh explica en su página web, este protocolo es una herramienta que establece: "acciones, procedimientos y medidas de articulación orientadas a generar un ambiente adecuado para el desempeño de sus actividades de promoción, protección y defensa, siempre que lo hagan de forma pacífica y dentro del marco del derecho nacional e internacional".

A fines del año pasado, activistas reclamaron la implementación de este protocolo que busca proteger a los defensores ambientales.

Por otro lado, en julio pasado, defensores ambientales reclamaron al Congreso la ratificación del Acuerdo de Escazú, tratado internacional que ya fue aprobado por el Poder Ejecutivo en el 2018.

Al respecto, el presidente de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial (PJ), Duberlí Rodríguez, destacó que la ratificación de este tratado internacional permitiría reducir los conflictos socioambientales.

"En lugar de rendir homenaje a los defensores ambientales asesinados, trabajemos en la defensa de los derechos ambientales para así evitar más muertes”, dijo Rodríguez en ese entonces.

El objetivo del Acuerdo de Escazú es garantizar un debido acceso a la información, participación pública y justicia en materia ambiental en los países de América Latina y el Caribe. 

[Foto de portada: Perú21]

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