Como explicamos en una publicación anterior, en la región Moquegua, hay un conflicto social entre la comunidad campesina Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala y la minera mexicana Southern Copper Corporation. Para Pastor Paredes, exjefe de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (MEM), en este conflicto también entra el Estado peruano, ya que es este el que declaró esa zona como terrenos eriazos y no reconoció la supuesta propiedad comunal.

En el programa 'Al Filo', Paredes explicó que la cuestión principal es si la demanda de la comunidad campesina Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala tiene asidero o no. Para ello, señaló, se debe hacer una especie de "arqueología" para buscar en los archivos los documentos que demuestren si hay o no superposición.

Años 1940

El origen del problema está en la presunta superposición de terrenos denunciada por la comunidad campesina, por lo que ahora están pidiendo 5,000 millones de dólares por más de 50 años de uso minero de sus supuestos terrenos comunales. En 1949, la comunidad campesina fue reconocida oficialmente a través de una resolución suprema durante el gobierno de Manuel Odría con un total de 38,111 hectáreas. Sin embargo, no hubo precisión sobre los límites.

"En ese momento no habían planos ni la información que nos pueda determinar con exactitud y precisión de dónde a dónde era, se hizo básicamente con topografías. Y así se reconoció a la comunidad con un croquis, no había una inscripción en Registros Públicos ni toda la información que tenemos ahora", señaló Paredes en La Mula TV.

Años 1960

Llega Southern Copper a desarrollar el proyecto minero Cuajone.

"Recordemos que a inicios de los 70, durante el gobierno militar, Southern inicia la tramitología necesaria para adquirir esa concesión y los derechos superficiales. En esa época, el Estado peruano declara que esos eran terrenos eriazos, de propiedad del Estado, eso dice en las resoluciones que tiene Southern. No reconoce que existía una comunidad campesina ahí. Y sobre esos derechos, Southern empieza a desarrollar el proyecto minero. Son 4-5 concesiones que Southern tramita ante el Estado peruano a fines del 60 e inicios del 70 y en esa misma resolución, el Estado declara que son terrenos eriazos y se los entrega a Southern en uso el terreno superficial para desarrollar el producto", dijo Paredes en entrevista con Javier Torres.

Años 1980

"En los años 80 se inician los procesos de titulación de comunidades campesinas. Titulan a la comunidad, pero la titulan con los terrenos que la comunidad ya poseía en ese momento, excluyeron los terrenos donde se desarrollaba el proyecto Cuajone. Obviamente, si uno va a pedir la ficha registral, las coordenadas, la información catastral, va a salir que la comunidad campesina no es propietaria donde Cuajone desarrolla el proyecto minero", explicó Paredes.

¿Qué hacer ahora?

Para el exjefe de la Oficina General de Gestión Social del MEM, "tenemos que revisar la documentación que nos permita saber si efectivamente la comunidad tiene o no alguna razón o algún derecho sobre esos terrenos".

"La comunidad habla que son aproximadamente 3,000 hectáreas que serían propiedad comunal", señaló.

Además, la comunidad dice que Southern ha usado sus terrenos durante 60 años, 3,000 hectáreas, le han puesto un valor, han multiplicado y ha salido esa cifra.

"La comunidad reclama eso y le pide a Southern que le haga una contraoferta, pero la minera no hace oferta porque no es propietaria de esos terrenos, sino que es el Estado peruano porque fueron declarados como terrenos eriazos y el Estado los ha dado en concesión para desarrollar el proyecto", agregó.

Paredes reiteró que se debe solicitar información a la comunidad, que presente los documentos que acrediten sus afirmaciones, los documentos de los años 40 y también a la empresa minera, que ingrese sus documentos que acrediten sus derechos. En ese sentido, recordó que durante su gestión, se pidió al Gobierno Regional de Moquegua información de los archivos, de la dirección regional de Agricultura, de la información que existiera, que permitiera saber si efectivamente ese reconocimiento que se hizo a la comunidad en los años 40 determinaba un polígono para saber si efectivamente podría haber o no superposición de áreas.

"Eso es lo que debería haberse recopilado en estos 60 días para saber si efectivamente la comunidad tiene o no tiene razón", señaló.

Mira la entrevista completa aquí:

[Foto de portada: Andina]

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