La sobrepoblación de animales abandonados en las calles es un problema de salud pública. Y esto fue reconocido en la Ley 31311 (Ley 4 Patas), que dice tener el objetivo de "garantizar la integridad y salud de las personas, a través de la implementación de programas de esterilización y manejo poblacional humanitario de perros y gatos, como componente de la política nacional de salud pública".

"Declárase de interés público y necesidad nacional, la promoción de la esterilización de perros y gatos, incorporándola como componente de la política nacional de salud pública que elabora el Ministerio de Salud, y que desarrolla mediante programas, estrategias, lineamientos y/o normas técnicas que vinculan a los gobiernos regionales y locales, en coordinación con las diferentes políticas sectoriales y aquellas relacionadas al derecho a vivir en un ambiente saludable", se lee en la Ley 31311.

Sin embargo, con la propuesta del proyecto de Reglamento, a cargo del Ministerio de Salud (Minsa), se estaría yendo en contra de la motivación de la ley. La Coalición Por los Animales del Perú (COLPA), que participó en la Comisión Multisectorial para la elaboración del Reglamento de la 'Ley 4 Patas', denunció falta de participación democrática en las sesiones.

La COLPA denunció que el Minsa no consideró los votos de todos los miembros de la Comisión y que no todas las propuestas fueron puestas a votación.

La coalición animalista señaló que la técnica de la castración química no es eficiente, considerando que se trata de miles de animales y que alrededor del 6% de intervenidos quedarían fértiles. Además, cuestionó el método del marcaje para animales sin hogar por ser poco visible.

"El marcaje de esterilización para animales sin hogar o ferales debe ser notorio a simple distancia, como el usado en muchos países que tienen programas de esterilización para estos animales y evita costos estatales innecesarios, así como el estrés provocado al animal por la recaptura, pero nuestra propuesta basada en esta evidencia no fue tomada en cuenta", señaló la COLPA.

La coalición recordó que la Ley 31311 estableció que el alcance deben ser "todos los perros y gatos con dueño o tenedor, comunitarios, sin hogar o ferales”. Sin embargo, la última versión del proyecto de Reglamento propuesto por el Minsa condiciona que las esterilizaciones se realicen solo a los perros y gatos que cuente con algún sistema de identificación permanente (microchip), situación que limitaría las esterilizaciones y encarecería los costos.

Precisó que la Segunda Disposición Complementaria de la Ley 4 Patas señala que los animales en estado de abandono, sin hogar o ferales que no hayan sido adoptados, deben ser esterilizados y devueltos a la comunidad.

"Esta es la estrategia CER (Captura, Esteriliza, Retorna) y es usada en varios países del mundo como alternativa viable, sostenible y humanitaria para los animales sin hogar. Pero el MINSA plantea que dichos animales deban ser derivados a “albergues permanentes”. Es importante conocer que la creación de albergues no es recomendable, ya que, ante recursos limitados, estos terminan convirtiéndose en lugares de hacinamiento, estrés e incluso de sacrificio en lugar de devolver al animal a su hábitat", señala la coalición.

Además, denunció que se ha restringido de forma arbitraria y no justificada la participación de la sociedad civil en la Comisión Multisectorial Nacional y en la elaboración del protocolo de esterilización, ya que la representación de las organizaciones fue “seleccionada” por el Minsa cuando deberían haberse respetado criterios de idoneidad. Señaló que no se dio espacio a los médicos veterinarios de las organizaciones animalistas.

La COLPA ha anunciado que agotará todos sus esfuerzos en hacer cumplir una ley que fue redactada por profesionales y respaldada por la sociedad civil organizada que viene enfrentando esta problemática de salud pública desde hace años.

Al respecto, Manuel Bartra, asesor jurídico de ARBA, organización de la COLPA, recordó, en declaraciones a El Comercio, que "un reglamento no puede contravenir su propia ley, que es una norma de mayor jerarquía". "Está en el artículo 118.8 de la Constitución”, señaló.

Según el Decreto Supremo 019-2022-SA, la Comisión Multisectorial está liderada por el Minsa y las Direcciones Regionales de Salud, y cuenta con la participación del Ministerio del Ambiente (Minam), el Colegio Médico Veterinario del Perú (CMVP), las organizaciones de protección animal de la sociedad civil y otros sectores competentes.


[Foto de portada: Andina]


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