La inacción del Estado ante la creciente inseguridad ha derivado en una “espiral” de descontrol, donde el crimen organizado y las economías ilícitas ya forman parte del panorama urbano en ciudades clave del Perú, señaló el politólogo Juan de la Puente en La Mula TV.
En el programa "Al Filo", con Javier Torres, de la Puente reflexionó sobre el cambio en la agenda política nacional, que ahora pone la seguridad ciudadana como el problema central, desplazando temas de democracia y derechos civiles.
“Hasta antes, daba la impresión de que el problema fundamental en Perú era la dictadura o la democracia,” señaló de la Puente. Ahora, sin embargo, “la seguridad ciudadana aparece como el punto número uno”.
Para de la Puente, la entrada de los transportistas como actores principales en esta situación marca una transformación en el tipo de demanda social que enfrenta el Estado.
“Quienes han colocado al gobierno y al Congreso contra la pared no es un movimiento social tradicional, es un movimiento bastante amorfo, que es el de los transportistas, bodegueros y otros,” explicó.
Según el politólogo, esta situación refleja cómo el Perú “vive en el corto plazo,” sin una perspectiva de mediano o largo plazo, y ha entrado en una “espiral que yo creo que es muy difícil desarmar y revertir”.
Durante la entrevista, de la Puente profundizó en su visión de la crisis como una espiral que ha liberado fuerzas que no pueden ser detenidas, un fenómeno que va más allá de la “inestabilidad gobernable” o “ingobernabilidad estable” que describía en el pasado. “Eso ya no existe,” afirmó.
Ahora, “el crimen organizado y la extorsión han venido para quedarse,” y el Estado peruano no parece tener los recursos ni la capacidad para enfrentar esta situación.
De la Puente expresó su preocupación sobre la fragmentación de la Policía Nacional en este contexto. Si bien sus miembros están “uniformados,” afirmó que “no tienen un comportamiento único, una cabeza única, una coherencia en el funcionamiento”. Esta falta de cohesión, añadió, es otro reflejo de la debilidad del Estado para cumplir su papel de asegurar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El politólogo trazó un paralelismo con el Perú de 1988 y 1989, años en los que el país enfrentó una situación de descontrol con el auge del narcotráfico y el terrorismo. “Las fuerzas se habían desatado,” dijo, aludiendo a cómo hoy el crimen organizado y las economías ilegales avanzan sin control. Explicó que en los transportistas y otros gremios hay sectores que ahora pugnan por seguridad, pero que no necesariamente defienden el Estado de derecho en su conjunto, lo cual complica aún más el escenario.
De la Puente cuestionó la capacidad del actual gobierno para enfrentar este desafío de seguridad, especialmente en el contexto de la costa peruana.
“Este régimen que está en implosión no es capaz de encarar esta ofensiva del crimen organizado,” sentenció, advirtiendo que si el Estado no garantiza la seguridad mínima, “probablemente está bastante comprometido en su eficiencia mínima,” lo que representa un serio problema para el futuro del país.
[Foto de portada: Andina]
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