La Corte Superior de Ucayali impuso 28 años de prisión a los responsables del asesinato de cuatro defensores ambientales. En la previa, el abogado penalista José Ugaz, amicus curiae en el proceso, denunció la impunidad del Estado frente a los pueblos indígenas.
En una sentencia calificada como histórica por las organizaciones indígenas, la Corte Superior de Justicia de Ucayali confirmó la condena contra los responsables del asesinato de los líderes ashéninkas de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, ocurrido en septiembre de 2014. Los sentenciados deberán cumplir 28 años y 3 meses de prisión efectiva, con orden inmediata de captura, y pagar una reparación civil de 400 mil soles, equivalente a 100 mil por cada víctima.
El fallo fue anunciado este lunes 25 de agosto y representa, según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), un paso crucial en la lucha contra la impunidad y por la justicia ambiental y territorial. Las víctimas —Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quinticima y Francisco Pinedo— fueron asesinadas cuando se dirigían a denunciar la tala ilegal en la frontera entre Perú y Brasil, territorio ancestral que el Estado reconocía como intangible para las comunidades nativas.
En el programa Pase Lo Que Pase de #LaMulaStream, el abogado penalista José Ugaz, quien participó como amicus curiae en el proceso judicial, recordó que este caso es el más relevante en materia de crímenes contra defensores indígenas en el país, y que originalmente se había solicitado la pena máxima de 35 años de prisión. Ugaz también criticó la indiferencia histórica del Estado peruano frente a los pueblos originarios.
“Este es un caso que revela cómo el propio Estado autorizó, por intereses espúreos, el ingreso de empresas madereras a territorios que ya había declarado intangibles. Más de 38 líderes nativos han sido asesinados por defender su tierra, y los responsables suelen quedar impunes”, señaló Ugaz en la entrevista.
El exprocurador también advirtió que la justicia en el Perú tarda años en resolver casos de esta magnitud, en parte por las maniobras dilatorias empleadas por los abogados de los acusados.
“No puede ser que un proceso de esta naturaleza se prolongue una década. Debe haber un compromiso institucional de la Corte Suprema para establecer parámetros de duración razonable”, subrayó.
Además de la lentitud del proceso, Ugaz denunció el abandono estatal hacia las familias de las víctimas.
“Las viudas y huérfanos tuvieron que migrar a Pucallpa, lejos de su comunidad, por falta de garantías. Hoy viven desarraigados y en condiciones precarias, sin el apoyo necesario”, dijo.
La comunidad de Saweto, ubicada en una zona de difícil acceso en la región Ucayali, continúa amenazada por la presencia de economías ilegales, como el narcotráfico, la minería y la tala indiscriminada, resaltó el abogado.
¿Qué es un amicus curiae?
Amicus curiae, o “amigo de la corte”, es una figura jurídica que permite a personas u organizaciones ajenas a un proceso judicial presentar argumentos, información o puntos de vista especializados ante el tribunal, con el fin de contribuir al análisis del caso. En causas de interés público o de alto impacto, como el de Saweto, esta figura permite que expertos brinden elementos que enriquezcan el debate y fortalezcan las decisiones judiciales.
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