La Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó este martes la prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2027, con 17 votos a favor, 3 en contra y una abstención. La decisión, que ahora deberá ser evaluada por el Pleno, se adoptó tras un debate marcado por posiciones contrapuestas y protestas externas. El dictamen también plantea reincorporar a más de 50.000 operadores mineros excluidos en junio por inactividad, aunque con excepciones impulsadas por la congresista Patricia Juárez, quien propuso impedir el retorno de personas con antecedentes penales por minería ilegal o sanciones por operar en zonas prohibidas.
El Reinfo, creado en 2012 para facilitar la transición de mineros informales hacia la legalidad, acumula casi una década de prórrogas. Durante ese periodo, sólo el 2% de los 87.000 inscritos culminó la formalización, mientras el 78% fue suspendido por incumplimientos administrativos. Estas cifras han alimentado críticas de sectores empresariales y ambientales, que consideran que el registro ha perdido eficacia y sirve de cobertura para actividades ilícitas. En paralelo, organizaciones como la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin) defienden la ampliación, argumentando que miles de pequeños productores quedarían en situación irregular sin esta prórroga.
La controversia se intensificó luego de que la Comunidad Andina (CAN) sancionara al Estado peruano por las reiteradas extensiones del Reinfo y exigiera una corrección inmediata del marco legal. La Secretaría General del organismo advirtió que mantener el esquema actual vulnera la Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal y podría derivar en medidas restrictivas sobre productos de exportación peruanos.
A estas preocupaciones se sumó la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) que alertó que una nueva ampliación “fomenta la ilegalidad”, pone en riesgo la industria nacional y contradice recientes pronunciamientos del Tribunal Constitucional (TC), que calificó al Reinfo como un mecanismo fracasado e instó a establecer un régimen permanente para la minería artesanal y de pequeña escala. Los gremios empresariales exhortaron al Congreso a rechazar la propuesta y al Ejecutivo a asumir un rol más activo para fortalecer la gobernanza ambiental y cerrar espacios a las economías ilícitas.
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