El empresario Samuel Dyer Ampudia remitió una carta al candidato presidencial Rafael López Aliaga en la que rechaza de manera categórica las acusaciones públicas formuladas en su contra y exige una rectificación en un plazo máximo de 48 horas, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales por afectación a su honor y reputación.
La comunicación se produce luego de que López Aliaga afirmara, en una intervención pública del 19 de abril, que Dyer habría financiado con “millones de dólares” el despliegue de personeros a nivel nacional, organizado un supuesto “ejército de personeros” y participado en lo que calificó como una “trafa” o “secuestro del Perú”. Además, sugirió la existencia de intereses económicos y vínculos familiares en dicha presunta estructura.
En su carta, Dyer niega de forma expresa cada una de estas imputaciones. Señala que no ha financiado personeros, no ha destinado recursos para ese fin, ni ha organizado estructura alguna vinculada a procesos electorales. Asimismo, rechaza haber designado a familiares para dichas actividades o haber participado, directa o indirectamente, en los hechos que se le atribuyen.
“Todas esas afirmaciones carecen de sustento fáctico, documental y legal”, sostiene el empresario en el documento, en el que también subraya que no existe evidencia alguna que respalde la existencia de los supuestos “millones de dólares” invertidos ni de una red organizada de personeros bajo su dirección.
Dyer también cuestiona la gravedad de las declaraciones del candidato, al considerar que configuran una imputación pública sin pruebas en un contexto de alta tensión política tras las elecciones generales. En ese sentido, solicita que López Aliaga se rectifique en los mismos espacios donde emitió dichas afirmaciones y con una relevancia equivalente.
De no producirse la rectificación dentro del plazo señalado, el empresario advierte que ejercerá las acciones legales correspondientes en defensa de su honor, reputación y otros derechos fundamentales.
El caso se suma a una serie de denuncias y acusaciones cruzadas en el escenario postelectoral, marcado por cuestionamientos al proceso, tensiones entre actores políticos y la difusión de versiones no corroboradas sobre presuntas irregularidades.
¿Qué es el derecho al honor?
El derecho al honor es un derecho fundamental reconocido en la Constitución peruana que protege la reputación, dignidad y buena imagen de las personas frente a afirmaciones falsas o agraviantes. Este derecho implica que nadie puede ser acusado públicamente de hechos sin pruebas, especialmente si ello afecta su credibilidad o integridad moral.
Cuando una persona considera que su honor ha sido vulnerado, puede exigir una rectificación y, de ser el caso, iniciar acciones legales por difamación, lo que puede derivar en sanciones civiles o penales contra quien emitió las declaraciones.
[Foto de portada: Infobae]
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