El proyecto de la central hidroeléctrica de Inambari aún está en su fase informativa, pero ya es una potencial fuente de conflictos sociales en la selva peruana. El megaproyecto —ubicado en la cuenca del río del mismo nombre, en el límite de los departamentos de Cusco, Puno y Madre de Dios— fue impulsado por el expresidente de la República, Alan García y, hasta el momento, es desconocido y no ha figurado en el debate público.

Esta semana, el director de política de la Asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), César Gamboa, y la periodista Jacqueline Fowks han llamado la atención sobre los problemas de planificación energética, la falta de consulta previa y la escasez de información sobre un tema sensible.

El 16 de junio del 2012, los Ministerios de Energía y Minas de Perú y Brasil firmaron, en la ciudad brasileña de Manaos, el tratado bilateral llamado "Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y la República Federativa de Brasil para el Suministro de Electricidad al Perú y Exportación de Excedentes al Brasil". Sin embargo, hace falta una modificación del marco legal para su entrada en vigencia.

Para este tratado, Brasil prevé analizar el excedente de energía hidroeléctrica que hay en el Perú y, en base a eso, plantear al Congreso la construcción de las centrales que, según el proceso de negociación, consideraba como ‘priorizadas’: Inambari, Paquitzapango, Mainique 1, Tambo 40 y Tambo 60.

Las condiciones indican que no se podría vender energía a otros países, a pesar de que en el futuro esto resulte más rentable, lo que, según Gamboa, "nos amarra para negociar con Brasil”. También sostuvo que el Perú no debería hacer planes tan a largo plazo, porque no está en condiciones de saber cuánta energía tiene disponibile para sus habitantes, y menos para la exportación.

Además, afirmó que es necesaria una planificación adecuada que priorice la sostenibilidad social, económica y ecológica: "El factor social es importante, pues hay un tema de poblaciones que serían desplazadas".

Consulta previa, consulta posterior

En un informe periodístico publicado en Noticias SER, la periodista Jacqueline Fowks hace un recuento del proceso de negociaciones previas al acuerdo bilateral, el abanico de empresas contratadas durante la concesión temporal de la empresa brasileña Egasur, y la falta de comunicación entre los encargados del proyecto y los representantes de las comunidades locales, así como la falta de trasparencia en la información de los primeros.

Este es un fragmento del inicio del informe titulado 'Las tensiones de Egasur por el proyecto Inambari en Puno':

El proyecto de la central hidroeléctrica de Inambari tuvo a favor la voluntad política del gobierno del presidente García y, pese a ello, cuando concluyó la prórroga de la concesión temporal –en junio 2010– la empresa de capital brasileño Egasur no pudo terminar los trabajos conducentes a la concesión definitiva. La actuación del consorcio deja ver la complejidad de la operación y, a la vez, la claridad del origen de los conflictos sociales en Puno relacionados con este megaproyecto. Este reportaje abordará el desempeño de la empresa en dicha región.

En 2008, el consorcio brasileño Inambari Geraçao de Energía (Igesa) compró las acciones -e incrementó el capital inicial- de Egasur y pasó a tener el 99.9% de ellas y el funcionario de la constructora OAS, Valfredo de Assis Ribeiro Filho, el 0,01% restante. El consorcio está formado por tres empresas: OAS (51%), las estatales Eletrobras (29,4%) y Eletrobras Furnas 19.6%, de acuerdo a información institucional divulgada por Furnas en mayo 2010. (1)

El impulso dado por los gobiernos de Lula y García al firmar el memorándum de integración energética entre ambos países y el hecho de que una empresa estatal brasileña fuera parte del proyecto, facilitaron el proceso inicial, tanto así que funcionarios peruanos del ministerio de Energía y Minas -entre ellos el ex ministro Pedro Sánchez (2), en marzo 2010 y octubre 2009 (3)- destacaban los beneficios de dicho emprendimiento y las previsiones sobre los daños que causaría. El congresista aprista Tomás Cenzano (4) también se pronunció en ese sentido, y además remarcó la solidez financiera del consorcio Igesa, cuando hubo cuestionamientos a Egasur por el capital de diez mil soles con el que fue creada.

Lee el informe completo aquí.

Enlaces relacionados:

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Noticias SER: Cronología del Proyecto Inambari