En las últimas notas mostré descabelladas pero curiosas coincidencias entre los casos de un movimiento con influencia terruca y el de Megaupload (el cuco de los terrucos y el de los piratas son prácticamente el mismo hoax), ambos muy mal manejados por parte de las autoridades que solo se esmeran en mostrar y justificar matonerías en lugar de dar evidencias concretas sobre sus acusados.

También hablé de como la información de lo que uno maneja ayuda a enfrentar la matonería de quien le brinda un servicio cuando este se pasa de pendejo (yo vs. Interbank).

Es cierto que nuestros reguladores como OSIPTEL e INDECOPI (a quien Morachimo sugirió como ente administrativo para la ley de Responsabilidad) son casi inservibles, pero tener la información de lo ocurrido y saber concretamente qué se reclama ayuda mucho a enfrentar esa indiferencia.

Y como extra (relacionando algo del primer caso), las matonerías de Telefónica y los límites de descarga nos recuerda el contraste de la mano blanda que tiene la autoridad con estos delincuentes y las estupideces mencionadas al inicio. Sobre este nuevo Speedygate dejé un modelo de carta para bombardear a OSIPTEL, que sin presión se queda rascándose la panza esperando su aceitada, así que apoyen.

La experiencia habla (ii)

Esto quedó fuera de la primera nota sobre "cucos y prejuicios" y frente a la irracionalidad con la que se manejan temas sensibles, resulta necesario mostrarla.

Marco Sifuentes (Ocram) publicó este artículo para INFOS sobre la delincuencia en Chiclayo y la peligrosa carrera armamentista que adopta la población para enfrentarla.

Lo que me llama la atención del artículo es un total contraste con lo que vemos del gobierno (sea el peruano o estadounidense), los reguladores o el sector privado. Un fiscal simplemente empleó correctamente la ley y obtuvo toda la información posible sobre las llamadas de varios sospechosos por extorsión, todo comenzó con un arresto.

Con ello se armó una base de datos, se veía con qué números se contactaba frecuentemente y de dónde venían las llamadas (sabiendo que identificar dueños es inútil por la ineficacia de OSIPTEL en el tema) y se establecieron rutinas de intervención en los penales con esos datos. Así se mantuvo a raya a los criminales (al menos en ese rubro), con un uso correcto y sutil de la ley y la informática.

La moraleja del reportaje (para los que quieren realmente parar una plaga) es que hay que usar la cabeza, saber en qué nos estamos metiendo y qué hacer. Está probado que funciona, pero la gente no pone huevos en el caso.

Populismo monse.

Pero sabemos bien que son pocos los realmente interesados en parar estas cosas, muchas autoridades son hasta cómplices o autores de estos crímenes (y la nota de INFOS es consciente de que esa victoria mencionada líneas arriba es parcial).

Y para cubrir todo eso no hay nada mejor que criminalizar las palabras escondiendo el blindaje a un sector que también causó daños al perú (y se sigue burlando de nosotros), pegarlas de héroe cuando callan por las atrocidades del duopolio contra el usuario (pese a los crecientes beneficios que obtiene el sector telecomunicaciones mediante favores iregulares del estado), o quebrar la ley solo para que un caso particular de crimen tenga la atención de los medios y echar la culpa al consumidor por las líneas telefónicas en manos de extosionadores, ignorando la inacción de OSIPTEL e INDECOPI en velar por dos medidas básicas para prevenirlo.

Lejos de que el populismo funcione se nota más ese contraste, esa parcialización del empleo de la ley y la autoridad, dando como respuesta la indignación y la desconfianza.

¿Para Qué vale alimentar la desconfianza si tanto hablan del "crecimiento económico"? ¿No creen que todo eso irá contra él (a menos que el crecimiento sea otro populismo monse)?