Marruecos condena con cadenas perpetuas y largas penas a 24 saharauis
La condena ha sido especialmente severa para los 24 saharauis acusados de la muerte de once agentes de las fuerzas de seguridad en 2010.
Las siete horas de deliberación el tribunal militar de Rabat han terminado con la condena a ocho activistas a cadena perpetua; a cuatro a 30 años de cárcel; a otros diez a penas de entre 20 y 25 años; y a los dos últimos a dos años de cárcel, según la agencia de prensa oficial MAP.
La decisión se basa en que los culpables constituyen "bandas criminales” y han ejercido “violencia sobre agentes del orden”, en grado de autoría o complicidad, con resultado “de muerte con premeditación y mutilación de cadáveres”.
Los saharauis fueron acusados de la muerte de once agentes de las fuerzas de seguridad durante el desmantelamiento, el 8 de noviembre de 2010, del campamento de protesta de Gdim Izik en las afueras de la capital del Sáhara Occidental, El Aaiún . Durante el suceso otros 70 miembros de las fuerzas del orden resultaron heridos y dos civiles saharauis murieron.
El fiscal del caso pidió condenas “que se correspondan con la gravedad de los hechos”, mientras que la defensa pidió la absolución “por falta de pruebas”.
Entre las pruebas incriminatorias, el ministerio público difundió dos documentos: fotografías en las que aparecían varios acusados con Mohamed Abdelaziz, presidente del Frente Polisario, durante una visita a Tinduf; y unas imágenes emitidas por la televisión Antena 3 en noviembre de 2010 en las que se veía a niños palestinos heridos en Gaza, pero que fueron atribuidas a escenas grabadas en un hospital de El Aaiún.
Sin embargo, el rigor del veredicto ha sorprendido a los letrados civiles y a los observadores internacionales que asistieron al juicio.
Los abogados que defienden a los saharauis y la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, habían denunciado que no había pruebas para imputarles las muertes de los agentes más que las confesiones arrancadas bajo tortura, práctica que el presidente del tribunal rechazó investigar.
Además, coinciden en la falta de garantías procesales y en la vulneración del derecho internacional y de la propia legislación de Marruecos. Entre los incumplimientos destaca el tiempo que los detenidos llevan en prisión preventiva: más de dos años desde sus detenciones, cuando la ley marroquí establece un máximo de doce meses. Además, la propia Constitución prohíbe los tribunales especiales, pero en este caso los 24 activistas se enfrentan a una corte militar.
Los testigos presentados por la defensa aseguraron que algunos de los acusados ni siquiera se encontraban en el lugar de los hechos. Tampoco se han hallado huellas dactilares de los saharauis en las supuestas pruebas materiales (hachas, cuchillos y machetes), según informa Publico.es.
El juicio ha levantado una oleada de apoyos hacia los acusados.
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