La Cámara de Diputados de Argentina logró convertir en ley dos de los seis proyectos de reforma judicial que planteó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La decisión se produjo esta madrugada, tras una tensa sesión maratoniana. También se aprobó, con modificaciones, una tercera iniciativa que deberá volver al Senado.

La reforma de Kirchner está planteada como un paso hacia la “democratización” de la justicia en un país donde muchos delitos quedan impunes y las desigualdades sociales también se manifiestan en los tribunales. Sin embargo, la fragmentada oposición se ha unido para denunciar suspuesto intento del Gobierno de acabar con la “independencia judicial”.

Con una sesión que se prolongaba no sólo durante la noche y la madrugada sino incluso durante las primeras horas de la mañana, tras 21 horas de debate, el resultado final fue de 130 votos a favor y 123 en contra de la Cámara de Diputados, que dió luz verde al proyecto que establece que los jueces, abogados y académicos que integran el Consejo de la Magistratura sean elegidos por el pueblo a través de candidaturas por los partidos políticos. Los opositores han criticado que los jueces tengan que alinearse con partidos y que la mayoría gobernante pueda acabar dominando los tres poderes del Estado.

Por petición de la Corte Suprema, esta iniciativa fue modificada por los diputados kirchneristas para que el máximo tribunal mantuviera el control presupuestario de la justicia y no se lo transfiera al Consejo de la Magistratura, como había votado el Senado. La oposición recurirrá a la Corte Suprema para solicitar que declare la inconstitucionalidad de las leyes de la reforma, una vez que sean sancionadas.

Otro proyecto que se iba a convertir en ley buscaba limitar a seis meses las medidas cautelares de jueces contra normas del Estado, de modo que se deban expedir rápido sobre la cuestión de fondo de las causas. La norma solo exceptúa de esta restricción temporaria a los litigios que afectan a “sectores sociales vulnerables”, la “vida digna” o cuando se trate de conflictos laborales. Sin embargo, se escucharon críticas a esta iniciativa, como el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, que recordó el pasado domingo que las medidas cautelares son “necesarias para la defensa de la ciudadanía y los derechos humanos frente al Estado”. Pérez Esquivel coincidió con Fernández en la necesidad de una reforma que termine con la “corporación judicial imperante que hace tanto daño al pueblo”, pero disintió con el contenido de algunos proyectos oficiales.

Además, la iniciativa para la creción de tres tribunales de tercera instancia en los fueros laboral, contencioso administrativo y civil y comercial. De este modo, quien apele fallos de segunda instancia en esos fueros no podrá recurrir directamente a la Corte Suprema.

Los otros tres proyectos de la reforma judicial, menos polémicos y que apuntan a transparentar el ingreso a la carrera judicial y a difundir las sentencias y los patrimonios de los funcionarios, se convertirán en ley el 8 de mayo, cuando sean debatidos por la cámara alta, donde el kirchnerismo y sus aliados también cuentan con la mayoría absoluta.

El jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina, dijo que la reforma traerá una “justicia más cercana a la gente, que se ponga en el lugar de los humildes”. Además, la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la kirchnerista Diana Conti, aseguró que el voto popular le dará al Consejo de la Magistratura "una legitimidad popular para la toma de sus decisiones más importantes, como formar las ternas y suspender o enjuiciar" a los magistrados. En cambio, el radical Oscar Aguad indicó que "el proyecto de reforma judicial destruye el estado de derecho. Es inconstitucional someter a los jueces a la elección popular. Alguien tiene que tomar la decisión de parar este atropello".

Además, la mayoría de la oposición se concentró fuera del recinto en señal de protesta por estar "convalidando un fraude" al no respetar el reglamento parlamentario a la hora de la votación. El líder de una de las tres facciones de la peronista Confederación General del Trabajo (CGT), el exkirchnerista Hugo Moyano, deslizó sospechas de compra de votos en la Cámara de Diputados para aprobar las leyes.

Más tarde, partidos políticos opositores convocaron a otra manifestación contra las iniciativas del Gobierno, aunque no consiguieron tanto éxito como la protesta organizada por ciudadanos a través de las redes sociales el pasado jueves. El gremio de los empleados judiciales, por su parte, decretó un paro de 72 horas, también en rechazo al paquete de leyes de reforma de la justicia.

Con información de El País, Clarín y Efe

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