El antropólogo Javier Torres comenta las declaraciones del presidente de la República, Ollanta Humala, sobre la aplicación de la ley de consulta previa para comunidades indígenas. Torres resalta la similitud entre la respuesta del mandatario y el discurso promovido por un sector del empresariado minero y se pregunta cuál es el origen de esta afirmación... ¿lapsus o desconocimiento?

Confusiones presidenciales

Javier Torres

El domingo, en una entrevista televisiva, el presidente Ollanta Humala decidió romper su silencio sobre las críticas que sus opositores vienen haciendo a su gestión gubernamental. Las respuestas no han dejado satisfecho a nadie ya que, como en otras oportunidades las explicaciones del jefe de Estado terminaron sembrando más confusión que claridad.

Uno de los temas es el referido a la aplicación de la Consulta Previa a los pueblos indígenas, en el que el presidente mostró su escaso manejo de la materia y ciertas confusiones que haría bien en aclarar. En primer lugar, afirmó: “hemos dado la ley porque hay comunidades vulnerables pero el problema es definir cuáles son comunidades nativas y cuáles no”, y agregó que en la costa del país “básicamente no hay comunidades nativas (…) en la sierra, la mayor parte son comunidades agrarias producto de la reforma agraria. Más que todo se dan comunidades nativas en la selva, que eran llamadas no contactadas”, repitiendo casi las mismas palabras del empresario Roque Benavides en la Convención Minera de Arequipa del 2011: “Acá se da por hecho que las comunidades han existido toda la vida, pero las comunidades son hechas en el gobierno de Velasco”.

¿Se ha incorporado al gremio minero el presidente de la República? ¿No estuvo bien asesorado para la entrevista? ¿No conoce el texto de la Ley de Consulta Previa que él mismo promulgó en la localidad de Imacita, en la provincia de Bagua? En ese sentido, resulta insólito que el presidente Humala muestre un desconocimiento tan grande sobre la larga historia de las comunidades campesinas, que mucho antes de la reforma velasquista habían sido reconocidas bajo la denominación de comunidades indígenas. Lamentablemente, el presidente, como tantos otros detractores de la Consulta Previa, ha caído en el falaz argumento de que lo indígena está confinado a las comunidades nativas de la Amazonía, e incluso sólo a los llamados “no contactados”, que en realidad son pueblos en aislamiento voluntario.

A esto se agrega que el presidente ha afirmado que finalmente si “las comunidades nativas” no desean la inversión, pues “las autoridades de Gobierno pueden decir que sí y va la inversión”. En este punto, el error es doble, porque si bien el Convenio 169 y la Ley de Consulta señalan que el Estado tiene la última palabra ello no significa que el Estado pueda automáticamente imponer su voluntad, sin buscar encontrar un punto de acuerdo.

Quizás el principal error del presidente y de los enemigos de la Consulta Previa es que creen que su única finalidad es lograr la llamada “licencia social” para desarrollar proyectos mineros o petroleros, cuando de lo que se trata es que el Estado evite poner en riesgo los derechos de los pueblos indígenas.

Resulta penoso ver que el presidente, que dice liderar el gobierno de la inclusión, entienda que ésta se limita a una mejor y más eficiente provisión de programas sociales, olvidando que la inclusión también significa reconocimiento de derechos. Por ello, pensar que Ollanta Humala está volviendo a buscar la Gran Transformación y que nos enrumbamos hacia el chavismo estatista resulta hasta risible, luego de constatar que en el tema de Consulta Previa termina siendo un fiel seguidor de las ideas de Roque Benavides.

Fuente: Diario 16