En las recientes protestas de la oposición argentina contra la inflación y las denuncias de corrupción ha resaltado el airado reclamo contra un reciente proyecto de ley promovida por el kirchnerismo para modificar la estructura del Poder Judicial que ha sido sustentado como una reforma "democratizadora" de ese poder del Estado, mientras que la oposición lo ha condenado como un impulso autoritario contra el equilibro de poderes. Al respecto, los medios peruanos no fueron ajenos a este debate.

El presidente de la República plantea reformas legislativas. Segundo acto: Las reformas reciben el rechazo de los otros poderes del Estado. Tercer acto: El presidente cierra los demás poderes a la fuerza. ¿Suena familiar este relato?

Así condenó El Comercio esta medida comparándola con el nefasto autogolpe de Alberto Fujimori en 1992. Por ello, LaMula.pe entrevistó al politólogo argentino Ezequiel Gonzalez Ocantos para contextualizar esta medida promovida por Cristina Fernández de Kirchner y aclarar su efecto sobre el régimen democrático argentino. Asimismo, compartimos las apreciaciones de Steven Levitsky sobre la supuesta similitud con el autogolpe peruano y el nuevo escenario en Argentina. Esperamos que estas contribuciones le ayuden a tener un panorama más amplio al respecto.

Gonzalez Ocantos: El proyecto socava de manera contundente algunas garantías mínimas para que los jueces disientan con el gobierno de turno.

¿Por qué plantear una reforma en la forma de elección en el Poder Judicial?

A pesar de haber nombrado a un número altísimo de los jueces que hoy están en funciones, resulta evidente que el gobierno quiere fortalecer su influencia sobre el consejo de la magistratura para tener más capacidad de controlar a los jueces que no nombró. En los últimos tiempos, y sobretodo relacionado con la causa por la Ley de Medios, algunos jueces federales han emitido fallos contrarios a los deseos del gobierno y es obvio que esto molesta. El control sobre el Consejo, sumado a la eliminación de la cláusula que determina la necesidad de contar con 2 de 3 votos en ese órgano para remover jueces, le daría al gobierno mayor capacidad de presión sobre estos jueces, y llegado el caso, el poder de deshacerse de ellos. El gobierno utiliza argumentos esgrimidos por un sector de la justicia, agrupado bajo el nombre de "Justicia Legítima" para promover estas reformas. Estos miembros del poder judicial están ideológicamente próximos al gobierno y tienden a no pertenecer a los grupos con más poder dentro de la justicia. Son actores periféricos que encuentran en estas reformas y en su apoyo al gobierno una oportunidad para ganar posiciones dentro de la justicia.

La forma en la que el gobierno plantea la reforma es interesante. A diferencia de la Ley de Medios, la cual tuvo un debate amplio previo a su aprobación este paquete legislativo se está tratando a las apuradas. Esto le quita legitimidad democrática al proceso. Por otro lado demuestra a las claras que las intenciones del gobierno tienen más que ver con aumentar su injerencia sobre el poder judicial, que con el lema de "democratizar la justicia."

¿Es un ataque? ¿Podría compararse eso con el cierre de un congreso?

Soy reticente a utilizar el concepto de independencia judicial, ya que los jueces rara vez no responden a intereses de los más diversos tipos. No son extraterrestres, tienen sus historias, y sus lealtades. El lema de democratizar la justicia es interesante porque no plantea la idea de aislarla de presiones sino de diversificar las voces que pueblan los tribunales argentinos. Aislar a la justicia de intereses mundanos es misión imposible en cualquier sistema político. De todas maneras creo que el proyecto es cuestionable porque socava de manera contundente algunas garantías mínimas para que los jueces, si así lo desean, se sientan posibilitados de disentir con el gobierno de turno.

Digamos que aunque el aislamiento total de la justicia seria imposible y poco deseable, que la mayor fuente de influencia ideológica y política sobre los jueces sea el gobierno es muy peligroso. Si a esto le sumamos otra de las leyes del paquete que limita la capacidad de la justicia de emitir medidas cautelares contra los intereses del Estado, el cocktail es explosivo. En vez de democratizar las voces dentro del poder judicial, la forma en la que se planteó esta iniciativa tiende a concentrar las voces a favor del gobierno de turno. El gobierno podría haber decidido que los consejeros se eligieran en años no electorales, y que los partidos no monopolizaran las nominaciones. Esto podría haber disipado algunas dudas y sospechas sobre qué exactamente significa democratizar la justicia.

Creo que a pesar del peligro republicano antes descrito es un error comparar esto con un auto golpe o el cierre del congreso. La justicia todavía tiene formas de expedirse contra algunas de estas reformas, y quiérase o no, con deficit deliberativo o no, estas reformas serán aprobadas por el congreso. La justicia luego podrá decidir sobre su constitucionalidad. Lo antes sugerido nos hace pensar que será difícil encontrar jueces con el suficiente coraje para hacerlo, pero quizás existan algunos que lo intenten, al menos por mero instinto de supervivencia antes de que comience a operar el nuevo Consejo.

Cuál fue la relación de otros presidentes ¿Carlos Menem? ¿Nestor Kirchner?

Los gobiernos de Menem y Kirchner también implementaron reformas judiciales que de alguna manera partidizaron la justicia, sobretodo en el caso de Menem con la creación de nuevas instancias (similar a otra de las leyes que propone Cristina Fernandez de Kirchner) y los cambios en la Corte Suprema. De todos modos creo que la elección popular de los miembros del consejo de la magistratura propuesta en esta oportunidad tendrá consecuencias más graves.

Quisiera agregar un punto adicional. Que los miembros del consejo de la magistratura sean elegidos a través de los partidos políticos en elecciones concurrentes le suma problemas a la oposición, pues todavía sufre el efecto fragmentador, pulverizador, y debilitador de la crisis del 2001. Hoy los partidos no peronistas están divididos fuertemente regionalizados, con pocos recursos frente a un gobierno que abusa de su acceso a los dineros públicos para hacer campaña, y con organizaciones sumamente débiles.

Mucho se critica a la oposición por sus errores y vacilaciones frente al gobierno, pero también es cierto que en estas condiciones es muy difícil hacer oposición en la Argentina actual. Al cambiar las reglas de juego, como lo es agregar cargos a ser elegidos, el gobierno dificulta todavía más la capacidad de la oposición de coordinar entre sus distintas facciones para ofrecer alternativas razonables al electorado. Algo similar ocurrió en 2009 cuando el cambio de reglas de juego involucró el adelantamiento de los comicios (de octubre a abril). Esta terapia de shock que aplica el gobierno con la oposición en la que se le cambian constantemente las reglas, el contexto y los incentivos, es sumamente dañina para el juego democrático pues hace que el arco en el que tiene que meter goles el gobierno se agrande, y el que le corresponde a la oposición se achique. La calidad de la competencia electoral en Argentina no pasa por su mejor momento.

Foto: Reuters

Enfoque: "Es una tremenda exageración"

Al respecto, Steven Levitsky señaló que se trata de un ataque contra el Poder Judicial, sin embargo vale recordar que este siempre ha sido un poder débil, cópado anteriormente por Carlos Menem y Nestor Kirchner. El politólogo resaltó su oposición y señaló que se trata de una reforma que debe ser criticada, sin embargo no disuelve la constitución o un Congreso electo, sino que solo propone un cambio en las reglas de selección, puesto que la Corte Suprema sigue ahí y tiene mejor calidad e independencia en comparación a los años 90. En pocas palabras, se trata de una reforma criticable puesto que lejos del ámbito formal sí debilita a la oposición, pero no elimina ni viola derechos básicos. Por ello, consideró que la comparación con el autogolpe de 199 es una 'tremenda exageración' del medio peruano.

Para el politólogo Daniel Encinas, los contrapesos formales al Poder Ejecutivo no son necesariamente los más importantes para frenar los impulsos autoritarios en Argentina. Desde su perspectiva, la democracia en ese país depende, sobre todo, de la existencia o ausencia de una separación de poder de facto establecida a partir de dos factores muy importantes: el balance de poder partidario y el contrapeso político al interior del país, donde las élites sub-nacionales son muy importantes. En ese sentido, el intento de Cristina Fernandez de Kirchner es cuestionable, pero no equiparable con el autogolpe en tanto la fuerza de los poderes de facto no deje avanzar reformas institucionales de este tipo o continúe siendo un obstáculo importante para la concentración de poder. Por ello esta reforma resulta preocupante, en tanto puede restar espacio para la oposición, pero es algo que los llevará a entablar una lucha política que dificilmente será ahogada por un "autogolpe".

Foto: Reuters

Hoja de vida

Steven Levitsky es doctor en Ciencia Política por la Universidad de California en Berkeley (1999) y profesor titular en la Universidad de Harvard. Ha publicado dos libros sobre Argentina ‘Transforming labor-based parties in Latin America: argentine peronism in comparative perspective’ (2003) y  ‘Argentine democracy: the politics of institutional weakness’ (2005); así como otros textos enfocados en política latinoamericana como ‘Informal institutions and democracy: lessons from Latin America’ (2006) y ‘Competitive authoritarianism: hybrid regimes after the Cold War’ (2010), coeditado con Lucan Way. Asimismo, Levitsky ha coeditado con Kenneth M. Roberts ‘The resurgence of the Latin American left’ (2011)

Ezequiel González Ocantos es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame (2012) y Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Cambridge, Inglaterra (2005). Actualmente es Profesor Investigador Titular en el Centro de Investigación y Docencia Económicas en México. Investiga temas relacionados con justicia y política, en particular el comportamiento de los jueces en casos de graves violaciones a los derechos humanos en Argentina, Perú y México. Su trabajo ha sido publicado en el American Journal of Political Science.

Daniel Encinas es politólogo egresado de la PUCP, pre-docente de en la misma casa de estudio de los cursos de Teorías del Estado y Análisis Político Comparado. Ha desarrollado su tesis de licenciatura sobre la importancia de los partidos políticos en Argentina y Perú en perspectiva comparada bajo el título "Los escudos de la democracia en Argentina y Perú: la crisis como ruta al autoritarismo competitivo" que será sustentada en breve.

Relacionados:

¿En qué consiste la reforma judicial de Argentina?

Argentina: fotos de la protesta contra el gobierno de Cristina Fernández